Cuando Rafael Correa dejó el poder en mayo del año pasado, en los cenáculos bolivarianos de América Latina tomaron su ejemplo con cautela y expectación. El ex mandatario ecuatoriano (2007-2017) ya le había confesado a Evo Morales en noviembre de 2015 que quería dedicarle más tiempo a su familia. Días después, el Congreso ecuatoriano, con mayoría oficialista, aprobaba una polémica enmienda constitucional que permitía la reelección indefinida pero impedía a los cargos públicos repetir mandato en los comicios presidenciales de 2017. La arriesgada estrategia de Correa pasaba por ceder temporalmente el testigo a su ex vicepresidente Lenín Moreno, el mismo dirigente que ahora ha puesto a prueba el futuro político de su mentor al someter a referéndum las aspiraciones de Correa para retornar al poder en 2021.
La maniobra política de Correa se concretaba el 24 de mayo pasado con el triunfo electoral de Moreno, a quien el líder de Alianza País entregaba la banda presidencial con la esperanza de que continuara su legado y no pusiera pegas a su eventual retorno. Para entonces, los principales líderes de izquierda en Sudamérica no pasaban por su mejor momento. Argentina y Brasil habían virado a la derecha, Morales había visto rechazado en referéndum su intención de postularse a un nuevo mandato en Bolivia, y Nicolás Maduro vivía en la cuerda floja por la presión callejera de la oposición venezolana. La victoria del candidato de Correa fue percibida entonces como un triunfo del propio ideólogo de la llamada «revolución ciudadana». Maduro y Morales felicitaron a Correa y a Moreno mientras buscaban su propia fórmula para no salir de palacio. Y en Brasil, Lula da Silva coqueteaba ya con su regreso al poder para vengar a la cesada Dilma Rousseff.
Efecto dominó
Pero la rebelión de Moreno contra su predecesor ha cambiado en apenas ocho meses el panorama político en Ecuador y ha activado las alarmas entre los socios de Correa en la región. Moreno ha jugado sus cartas con habilidad. Antes de llamar a las urnas, se embarcó en una cruzada contra la corrupción que ha llevado a prisión al vicepresidente, el «correísta» Jorge Glas, condenado a mediados de diciembre por sus vínculos con la trama de sobornos de la empresa Odebrecht. Funcionario de confianza de Correa, Glas recibió la solidaridad del ex presidente desde que Moreno le despojó de sus atribuciones en agosto pasado.
La consulta anunciada por Moreno en octubre fue toda una declaración de guerra contra Correa. Entre las siete preguntas del referéndum sobre las que ayer se pronunciaron los ecuatorianos, Moreno sometía a votación popular el futuro político de su predecesor. La derogación de la enmienda constitucional impulsada por Correa en 2015 sería una suerte de muerte política del ex mandatario, que abandonó su retiro en Bélgica para encabezar la campaña del ‘no’. Moreno se aseguraría al mismo tiempo un fuerte espaldarazo a su gestión si el resultado del referéndum le es favorable, como predecían todas las encuestas.
El freno a las aspiraciones reeleccionistas de Correa tendría además un efecto dominó en el resto de la región. Ecuador, modelo durante años de muchos gobiernos de izquierda por las políticas sociales promovidas por Correa, se convierte así de nuevo en un barómetro político en América Latina.
Fractura en el partido
Arropado por sus fieles de Alianza País y por varias organizaciones sociales, Correa centró su campaña en denunciar la «ilegalidad» del referéndum al no haber contado con el preceptivo visto bueno de la Corte Constitucional. A juicio del ex mandatario, la enmienda constitucional que establece la reelección indefinida sólo podría modificarse a través de una Asamblea Constituyente. En su descargo, Moreno insistió durante toda la campaña en que la derogación de esa enmienda evitaría que los gobernantes se perpetuaran en el poder: «Las autoridades eternizadas se hacen autoritarias, perfeccionan la corrupción y el nepotismo».
Las rencillas políticas entre Correa y Moreno han provocado una fractura en Alianza País, el movimiento político fundado en 2006 por el ex presidente y presidido por el actual mandatario. El nuevo viento político instalado en el país ha hecho incluso que algunos parlamentarios defensores de la enmienda constitucional en 2015 hayan cambiado de opinión a las primeras de cambio. El caso más llamativo es el de la actual vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, quien explicaba así su giro de 180 grados: «Los políticos tenemos el derecho de cambiar de opinión cuando existen nuevos elementos que nos permitan modificar las posturas». Nada parece ser definitivo en Ecuador.
Fuente: elmundo.es
