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El presidente del FC Barcelona Joan Laporta va a tener una agenda muy ocupada en los próximos meses acudiendo a los juzgados. Su vinculación con la sociedad CSSB Limited, radicada en Hong Kong y cuyo representante legal fue Joan Oliver, exdirector general del Barça bajo el primer mandato del actual presidente azulgrana, ha provocado que la justicia esté indagando por varias operaciones similares de captación de inversores a los que se les prometía una rentabilidad anual alta, de entre el 6 o el 7%.
Por el momento tiene Joan Laporta dos procedimientos judiciales abiertos en los que está acusado de un delito de estafa, pero podría acabar investigado en un tercero si prospera la querella presentada por tres hermanos contra él por apoderarse de 200.000 euros y 50.000 dólares que está en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona. Además, declaró hace medio año como testigo en otra causa contra Oliver por una inversión de 100.000 euros que hizo el tenista profesional Albert Ramos a CSSB.
El próximo lunes, Laporta está citado a declarar como investigado en una presunta estafa de 4,7 millones de euros cometida entre 2016 y 2018 a una familia que consiguió un premio de 34 millones de euros en la lotería Primitiva. Según consta en la querella, que va contra Laporta, Oliver y otras cinco personas, la familia decidió comprar un vehículo de alta gama, un Lamborghini, en un concesionario de Sant Cugat. Una vez allí hablaron con el comercial que les atendió sobre la mejor forma de invertir el dinero y éste les recomendó a su entonces pareja, que era una asesora vinculada a Bankinter. Los dos también están citados a declarar como investigados el lunes.
La querella, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que la asesora les ofreció poner 2.400.000 euros en la sociedad CSSB Limited por un periodo de 3 años al 6% de interés anual. El acuerdo se formalizó el 1 de noviembre de 2017 suscrito por Oliver y, según los representantes legales de la familia afectada, este contrato está «redactado en inglés y sin firma legible por parte de la prestataria, contiene cláusulas en perjuicio de mi mandante, como una sumisión arbitral a las leyes de Hong Kong».
Un beneficio de 800.000 euros
Entre 2016 y 2018 varios miembros de la familia firmaron cinco contratos distintos de préstamo con CSSB Limited y con Core Store, otra sociedad vinculada a Oliver y Laporta. Invirtieron 4,7 millones de euros y deberían haber ganado 792.000 euros pero únicamente recibieron 84.000 y tampoco se les devolvió la cantidad aportada.
La familia afectada asegura que sus contratos contaron con el asesoramiento de Laporta, quien actuó en nombre de CSSB Limited, pero al mismo tiempo habría ejercido de abogado de los querellantes «garantizando así la solvencia de la inversión». Además, remarcan que acudieron invitados al palco del Camp Nou en varias ocasiones. La acusación destaca que Oliver y Laporta son «los cerebros de las operaciones» para captar inversores y «aportaban una sensación de solvencia personal»: Oliver por su cargo como director en TV3 y Laporta por la presidencia del Barça.
La querella remarca que Joan Oliver «actuaba como testaferro del otro querellado Joan Laporta Estruch» siendo el administrador de Core Store y de CSSB en España. También añade que el actual presidente del Barça se presentaba ante la familia afectada «como una persona de gran solvencia y como su asesor jurídico» y desde su despacho profesional se llevaron otros sus asuntos jurídicos. «Joan Laporta era una figura esencial en el engaño urdido, pues daba a las inversiones propuestas unos visos de indudable rentabilidad que, a la postre, resultaron totalmente falsos», indica la querella.
Negociación a contrarreloj
En un principio este caso se archivó, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirlo y por eso Laporta debe acudir a declarar como investigado el próximo lunes a primera hora en los juzgados de Barcelona. Sin embargo, representantes del presidente del Barça estuvieron negociando tanto con la familia afectada así como con otras personas que se han querellado contra él para cerrar todos los procedimientos abiertos relacionados con la sociedad CSSB Limited, según han confirmado fuentes jurídicas a este medio. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo acuerdo.
El otro caso en el que tanto Laporta como Oliver están investigados, además de la asesora bancaria de Bankinter, se sigue en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona. Se trata de una querella presentada por un inversor, defendido por el abogado José Oriola, que en 2016 entregó 50.000 euros a CSSB Limited con la promesa de una rentabilidad anual del 6% y «la posibilidad de recuperar la inversión e incluso rescatar el producto en un plazo corto de tiempo».
En concreto, se invertía en un «proyecto era un chollo», según la querella, como era la compra de un club de fútbol chino de categoría inferior, el Beijing Institute of Technology, que se iba a nutrir de una academia de fútbol como la del Barça. Además, se quería conseguir beneficios con la venta de esos futbolistas profesionales. Para captar inversores CSSB Limited mostraba una publicidad de todo el proyecto que hacía referencia al modelo de negocio que Laporta y colaboradores, como el propio Oliver, Xavier Sala-i-Martín o Rafa Yuste, impulsaron en el Barça y que habían reproducido en el CF Reus, un club que acabaría desapareciendo por la mala gestión
El querellante recibió un certificado que le acreditaba como propietario de 1.000 acciones de la compañía, al precio de 50 dólares por participación, pero no se le devolvió el dinero ni recibió rendimientos financieros. La firma de Laporta aparece en algunos documentos de las transacciones del préstamo como asesor de CSSB Limited, según se indica en la querella.
Pendientes de investigación
Hay otras dos querellas que implican a CSSB. Una de ellas, que se sigue en el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, apunta a esta sociedad y a Core Store, también vinculada a Laporta. Tres hermanos invirtieron 200.000 euros y 50.000 dólares en estas empresas a cambio de altos beneficios, aunque, como en los casos anteriores, no recibieron el dinero prometido. Tras un acuerdo extrajudicial en 2023 el procedimiento se cerró pero ahora las dos querellantes han vuelto a presentar acusación contra Laporta, Oliver y la asesora bancaria al asegurar que presuntamente no se ha cumplido este pacto.
En 2016 la asesora acusada informó a dos hermanas de «un producto de inversión» con un porcentaje de rentabilidad anual del 6% y la posibilidad de recuperar lo aportado, además de «rescatar el producto en un plazo corto de tiempo«. La asesora les explicó que había «multitud de gente interesada en el producto» pero que por «su relación de amistad y confianza» les ofrecía «una opción preferente de entrar en dicha inversión», además de afirmar que «era un producto que ‘se lo iban a quitar de las manos'».
Para dar «garantía del éxito de la inversión» les explicó las personas que estaban implicadas en el proyecto como Laporta («con el que mantenía una relación de amistad»), Yuste o Oliver. La asesora les comentó que existían dos proyectos en los que invertir: la creación de La Masía en China a fin de servir como lanzadera en el intercambio de jugadores entre el Club De Fútbol Reus Deportivo y un club de fútbol chino (Beijing Institute of Technology -BIT FC-) y la promoción y logro del ascenso del CF Reus de categoría».
Un Gran Hermano de futbolistas chinos
Ella y su socio les explicaron que «el grupo de espectáculo y humor La Trinca participaban en la inversión y que realizarían un programa en Beijing, estilo Gran Hermano, con los futbolistas, aspecto que reforzaba aún más el éxito y las grandes ganancias atendiendo a la afición de la población china por este tipo de programas«. Las hermanas entregaron 200.000 euros y su hermano 50.000 dólares a CSSB y a Core Store para estos negocios
Entre 2016 y 2019 las querellantes, defendidas por el letrado José Oriola, obtuvieron conjuntamente la cantidad de 32.786 euros en concepto de intereses, «iniciándose el retraso en el pago de los mismos desde inicios del año 2017». Las hermanas recibieron del despacho de Laporta las comunicaciones sobre el abono parcial de algunos trimestres de intereses, ya que coinciden con el domicilio social de Core Store.
Al no recibir el dinero se reunieron en varias ocasiones con la asesora financiera y con Oliver que les prometían que la situación se iba a solucionar, según la querella. En 2023 acudieron a los juzgados y se inició el procedimiento contra Laporta, Oliver y el resto de acusados pero hace unos meses se alcanzó un acuerdo con las hermanas para devolver la inversión. Sin embargo, tras un tiempo en el que no obtuvieron lo convenido volvieron a reactivar la querella que ahora se encuentra en el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona.
Hacienda busca 6 millones de euros
El Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona también tiene una investigación abierta por presunta estafa contra Oliver por la inversión de 100.000 euros que hizo el tenista profesional Albert Ramos en CSSB Limited a un beneficio del 6%. El deportista recibió los primeros pagos hasta 2017, por lo que acusó al máximo representante de la sociedad. Laporta acudió a declarar como testigo hace unos meses y se desvincuó de CSSB Limited.
Junto a todo este procedimiento judicial, Hacienda hace un año que investiga las transacciones de las sociedades CSSB Limited y Core Store con China para determinar si existe un posible fraude fiscal. Los inspectores de la Agencia Tributaria han examinado numerosa documentación y hasta la fecha han encontrado hasta 6 millones de euros en operaciones que podrían ser presuntamente fraudulentas.
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