Y, al tercer día, el chavismo apareció. No para rescatar, ayudar o construir –acciones desconocidas para ellos–, sino para prohibir, obstaculizar, limitar y en el mejor de los casos enlentecer las acciones de salvamento que desde el inicio llevan adelante los ciudadanos voluntarios y ahora … los equipos internacionales.
En esta última jornada hemos presenciado imágenes tan hilarantes como descorazonadoras: militares observando a los rescatistas trabajar sin mover un dedo o tomando los datos de los civiles como requisito para entrar en la zona de desastre, en lugar de ser ellos mismos los primeros en movilizarse para cumplir esa función.
En total, si se suman militares activos, reservistas y milicianos, Venezuela dispone de más de 330.000 personas vinculadas a su estructura de defensa, aunque la fuerza profesional operativa ronda los 123.000 efectivos. Si cada uno de ellos se hubiese incorporado desde el comienzo para ayudar a los bomberos y protección civil, la situación habría sido distinta. Su aparición, además de tardía, ha sido nefasta ya que en muchos casos se han dedicado a extorsionar y cobrar mordidas, en lugar de evitar los saqueos.
Tanto la presidenta encargada Delcy Rodríguez –sería más exacto referirse a la adlátere de Nicolás Maduro como interina o límbica– y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, han hecho públicas una serie de medidas cuya única finalidad es priorizar el control del territorio y de la información sobre la gestión de la ayuda.
Entre las decisiones más cuestionadas figuran la militarización de las zonas afectadas; la restricción del acceso a La Guaira mediante controles y acreditaciones que eternizan la entrada en la zona en un momento en el que la rapidez es fundamental para salvar vidas; la centralización de la ayuda humanitaria a través de canales oficiales; las limitaciones impuestas a centros de acopio y voluntarios independientes, así como restricciones a la cobertura periodística. Las organizaciones civiles sostienen que estas medidas dificultan la llegada de ayuda espontánea y reducen la capacidad de respuesta. Eso, sin contar las dificultades para facilitar el despliegue inmediato de rescatistas mediante escollos burocráticos de naturaleza tan quisquillosa como perversa.
En el inagotable repertorio de indolencia por el prójimo y poseídos por una ambición desmedida de poder, conviene resaltar los episodios de intimidación a los periodistas. Durante la cobertura de la emergencia en Caracas, el periodista Gabriel Tinoco de la cadena EVTV fue abordado por un funcionario que se identifica como Robinson Navarro, del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), quien le exigió detener la grabación y lo amenazó con llevarlo detenido si continuaba recabando datos. Diversos medios y organizaciones han denunciado retrasos en la publicación de datos oficiales sobre víctimas y daños, además de las dificultades para acceder a información debido a cortes de comunicaciones y restricciones previas sobre medios y plataformas digitales.
En la visita de la presidenta Delcy Rodríguez a una de las zonas afectadas, la recibieron con abucheos: «El Gobierno no está haciendo nada por el pueblo»
El hartazgo y la desesperación son mucho mayores que el miedo. Uno de los episodios que reflejó el malestar ciudadano se produjo durante la visita de Delcy Rodríguez a las zonas afectadas. En el edificio Petunia, en el este de Caracas, familiares de desaparecidos y vecinos la recibieron con abucheos e increparon a la comitiva oficial al grito de: «Ya está bien de hacer campaña política en una tragedia» y «El Gobierno no está haciendo nada por el pueblo». Los presentes denunciaron que las labores de rescate se interrumpieron momentáneamente para facilitar el paso de la presidenta y que se apartó a voluntarios que trabajaban entre los escombros, lo que aumentó la indignación de quienes reclamaban que las tareas de búsqueda continuaran sin interrupciones.
