Emirlendris Benítez fue excarcelada este viernes en Venezuela después de pasar años presa tras una detención denunciada como arbitraria por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, gracias a una medida que se enmarca en la aplicación de la Ley de Amnistía, junto con otros 130 presos políticos.
Su salida de prisión volvió a poner en primer plano la historia de una comerciante arrestada en agosto de 2018, acusada sin pruebas de participar en el atentado con drones contra el ex dictador Nicolás Maduro, torturada bajo custodia y condenada luego a 30 años de cárcel.
Benítez tenía una vida alejada de la política antes de quedar atrapada en una de las causas judiciales más sensibles de los últimos años en Venezuela. Vivía en Barquisimeto, trabajaba como comerciante y se dedicaba a vender ropa, zapatos y cosméticos. Era madre y cursaba un embarazo de cuatro meses cuando su historia cambió de forma abrupta.
El 5 de agosto de 2018 salió de madrugada en un auto junto a su pareja, Yolmer Escalona. En el vehículo viajaban además otras dos personas. El trayecto tenía como destino Acarigua. Según las reconstrucciones posteriores del caso, Benítez aceptó acompañar a su novio en ese viaje sin conocer el trasfondo de la situación ni la identidad completa de quienes iban en el asiento trasero.
Ese mismo día, durante un acto militar encabezado por Maduro en Caracas, se produjo el atentado con drones que el régimen venezolano presentó como un intento de magnicidio. Horas después, cuando el auto en el que viajaba Benítez avanzaba por la autopista José Antonio Páez, un control policial lo interceptó antes de llegar a destino. Los ocupantes fueron requisados y trasladados bajo custodia.
A partir de ese momento comenzó el proceso que la llevó a prisión. Las autoridades sostuvieron que las personas que iban en el vehículo estaban vinculadas con el ataque y Benítez quedó incorporada al expediente. Su defensa afirmó desde el inicio que ella no participó en la planificación del atentado, que no existían pruebas directas en su contra y que su detención se apoyó en una identificación errónea y en su sola presencia dentro del automóvil.
En los días posteriores al arresto, su nombre apareció asociado públicamente al grupo acusado por la dictadura venezolana de haber participado en la operación contra Maduro. La acusación oficial avanzó antes de que el proceso judicial estableciera responsabilidades individuales. Esa secuencia marcó el comienzo de una causa en la que, según denunciaron sus abogados y organizaciones de derechos humanos, nunca se presentó evidencia creíble que demostrara su participación en los hechos.
Durante la etapa inicial de detención, Benítez fue sometida a torturas y otros malos tratos, según las denuncias reiteradas por su entorno, por su defensa y por organismos de derechos humanos.
Los relatos sobre ese período incluyeron golpes, asfixia, amenazas y agresiones físicas mientras estaba embarazada. La acusada negó desde el comienzo cualquier participación en el atentado, pero las denuncias indicaron que los interrogatorios buscaron arrancarle una confesión por la fuerza.
Alguna de las torturas que le propinaron eran algunas como estas: le golpearon el dedo gordo del pie derecho y la sometieron a métodos de asfixia, primero con una bolsa plástica y después al hundirle la cabeza en un recipiente con agua.
Semanas después de su arresto, su situación se agravó de manera irreversible. Bajo custodia, fue trasladada a un centro médico y su embarazo se interrumpió sin su conocimiento ni su consentimiento, de acuerdo con las denuncias difundidas sobre el caso. Esa pérdida quedó señalada como una de las consecuencias más graves del trato que recibió en prisión durante los primeros meses de encierro.
El proceso judicial continuó mientras su estado físico empezaba a deteriorarse. El 21 de septiembre de 2018 fue imputada por varios delitos, entre ellos terrorismo, traición a la patria y homicidio calificado en grado de frustración. Desde entonces permaneció privada de libertad en una causa que se extendió durante años. Su defensa sostuvo que la detención preventiva superó el límite legal previsto por la legislación venezolana y que, por ese motivo, debió afrontar el juicio en libertad.
Con el paso del tiempo, las secuelas físicas se hicieron más visibles. Las torturas denunciadas y las condiciones de detención derivaron en lesiones que afectaron su movilidad y su salud general. Benítez desarrolló problemas severos en la columna, dolor crónico, daño neurológico y parálisis parcial. Su cuadro la obligó a usar silla de ruedas y a depender de asistencia permanente para desplazarse. A la vez, su familia denunció demoras constantes para recibir atención médica, traslados demorados a centros de salud y obstáculos burocráticos pese al deterioro evidente de su estado.
Mientras atravesaba ese cuadro, sus familiares también debieron cubrir necesidades básicas dentro del sistema penitenciario. La provisión de agua, alimentos y medicación quedó en gran medida en manos de su entorno. Las denuncias señalaron que padeció condiciones de reclusión precarias, controles médicos insuficientes y episodios de descompensación, entre ellos desmayos y subas repentinas de presión arterial.
La causa sumó pronunciamientos internacionales a medida que avanzaba el encierro. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar para proteger su integridad. En 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que su arresto fue arbitrario y pidió su liberación inmediata. Esas decisiones coincidieron en que el Estado venezolano debía adoptar medidas urgentes frente a su situación.
Pese a esos reclamos, la Justicia venezolana dictó sentencia. El 4 de agosto de 2022, exactamente cuatro años después del atentado con drones contra Maduro, Benítez fue condenada a 30 años de prisión. La pena incluyó cargos como homicidio calificado frustrado, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y otros delitos vinculados con el ataque. La sentencia quedó cuestionada por organizaciones y abogados que insistieron en que no existían pruebas individualizadas en su contra.
Durante los años posteriores a la condena, su caso se convirtió en uno de los más citados entre las denuncias sobre presos políticos en Venezuela. Su nombre empezó a aparecer ligado a informes sobre tortura, falta de debido proceso y uso del sistema penal contra personas acusadas en causas de alto impacto político. En paralelo, su familia mantuvo los reclamos públicos, denunció el agravamiento de sus problemas de salud y pidió atención médica especializada.
La excarcelación de Benítez reabrió ahora toda esa secuencia. Su salida de prisión devolvió actualidad a una historia que comenzó con un viaje por carretera en agosto de 2018, siguió con una detención vinculada al caso del atentado con drones, atravesó denuncias de tortura, la pérdida de un embarazo, el deterioro físico que la dejó en silla de ruedas y una condena de 30 años que organismos internacionales cuestionaron.
Con su liberación, el caso volvió a ocupar un lugar central como uno de los expedientes más emblemáticos de los últimos años dentro del sistema represivo venezolano.
(Con información de AFP y Aminstia Internacional)
