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Reino Unido prohibirá la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, según anunció ante el Parlamento el ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband.
El funcionario laborista subrayó que la medida no está dirigida contra el pueblo israelí, sino contra las políticas de su gobierno, y reiteró el compromiso de Londres con la solución de dos Estados.
Miliband afirmó además que su administración considera que se está produciendo una «limpieza étnica» de palestinos en algunas zonas de Cisjordania, perpetrada por lo que calificó como «colonos terroristas», y acusó al gobierno israelí de hacer la vista gorda ante esa situación.
«La postura oficial del gobierno británico es que la ocupación es ilegal, debido al afianzamiento del control israelí, su intención de extender la soberanía de forma permanente y su agenda expansionista a través de asentamientos ilegales», señaló.
El anuncio del gobierno británico coincide con los planes de Israel de levantar unas 1.200 viviendas en asentamientos en la denominada zona E1, un área de importancia estratégica al este de Jerusalén. Los planes han suscitado una condena internacional generalizada.
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De igual forma, en los últimos meses se ha registrado un repunte de la violencia ejercida por colonos israelíes contra la población palestina en el territorio.
En su alocución, Miliband advirtió que Londres «tomará medidas» contra las empresas y los particulares que contribuyan a la expansión de los asentamientos mediante actividades como la construcción, la financiación o la prestación de servicios.
«Se enfrentarán a todo el peso de las sanciones de Reino Unido», aseguró, antes de añadir que también quedará prohibida en territorio británico la publicidad de asentamientos considerados como ilegales.
Los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales según el derecho internacional.
En respuesta al discurso de Miliband, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó al gobierno británico de interferir en las elecciones israelíes, previstas para finales de octubre, y anunció que Israel cerrará el consulado británico en Jerusalén.
Asimismo, aseguró que la mayoría de los israelíes rechaza categóricamente la creación de un Estado palestino y acusó al Ejecutivo británico de alimentar el antisemitismo.
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En las horas previas al anuncio, funcionarios israelíes y estadounidenses habían advertido a Londres sobre las posibles consecuencias de imponer sanciones. El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó la medida de «grave error de cálculo».
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, le dijo a la BBC que Washington respondería «sin duda» a las medidas previstas y advirtió de que podrían tener un «enorme impacto económico» sobre las empresas británicas.
Huckabee sugirió además que tanto el gobierno federal como distintos estados de EE.UU. podrían adoptar represalias en respuesta a las sanciones británicas.
Otros 12 países
Poco después del anuncio, los ministros de Asuntos Exteriores de 12 países emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su intención de imponer restricciones al comercio con los asentamientos considerados como ilegales.
El texto fue suscrito por Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia.
En la declaración, los firmantes sostienen que la solución de dos Estados debe preservarse y piden al gobierno israelí que detenga de inmediato la expansión de los asentamientos.
Mientras tanto, funcionarios británicos han insistido en que las medidas anunciadas no constituyen un «boicot» a las relaciones comerciales con Israel.
El anuncio ha sido recibido positivamente por varias organizaciones de Reino Unido.
Human Rights Watch (HRW) afirmó que la prohibición de importar productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales, junto con otras sanciones, supone un «cambio positivo y largamente esperado en la política británica».
En un comunicado, la organización sostuvo que los gobiernos han respondido «durante demasiado tiempo» a las «incesantes y graves violaciones del derecho internacional» cometidas por Israel con «buenas palabras, pero poca acción».
Por su parte, ActionAid UK dijo que la decisión era bienvenida y significativa, aunque consideró que llega «con mucho retraso».
Según la organización, representa el «primer paso» para que Reino Unido deje de ser cómplice de lo que describe como la ocupación ilegal israelí.
Pero la medida también ha generado críticas.
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El Consejo de Liderazgo Judío, que agrupa a numerosas organizaciones de la comunidad judía británica, acusó al gobierno de convertir a los judíos de Reino Unido en un objetivo aún más vulnerable al prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos.
En un comunicado, la entidad calificó la decisión de «profundamente irresponsable» y sostuvo que el Ejecutivo estaba «cediendo a la presión de los elementos más extremistas de la sociedad británica».
La solución de dos Estados en peligro
El gobierno británico considera que la rápida expansión de los asentamientos está poniendo en peligro la posibilidad de una solución de dos Estados.
La creación de un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Este como capital, y coexistiendo junto a Israel, ha contado con un amplio respaldo internacional durante décadas.
Sin embargo, Israel rechaza la solución de dos Estados y sostiene que cualquier acuerdo definitivo debe surgir de negociaciones directas con los palestinos.
Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina respalda este planteamiento, mientras que Hamás se opone al reconocimiento de Israel. No obstante, el grupo ha señalado en ocasiones que podría aceptar un Estado palestino provisional dentro de las fronteras de facto de 1967, sin reconocer formalmente a Israel, siempre que se garantizara el derecho de retorno de los refugiados palestinos.
Desde la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este durante la guerra árabe-israelí de 1967, Israel ha construido cerca de 160 asentamientos que albergan a unos 700.000 israelíes judíos.
Según diversas estimaciones, unos 3,3 millones de palestinos viven actualmente en esos territorios.
Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, se ha registrado un notable aumento de los ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania.
