Hace un mes, dos sicarios dispararon contra la abogada y dirigente política boliviana Nadia Beller a la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Beller, embarazada de unas pocas semanas, recibió tres tiros, pero se hizo la muerta y sobrevivió. Unas horas más tarde, la policía detuvo en el aeropuerto, a punto de embarcar hacia Argentina, a Fernando Cerimedo, su expareja y asesor del Gobierno de Rodrigo Paz. Lo que comenzó como una investigación judicial por intento de feminicidio, con el paso de las semanas se ha ampliado a otras vinculadas con sus negocios y su rápido crecimiento patrimonial y han comenzado a aparecer también cuentas pendientes de Cerimedo con la Justicia en otros países.
El hombre que se convirtió en uno de los estrategas más conocidos de las campañas políticas digitales de la nueva derecha latinoamericana en la última década es ahora una presencia incómoda que los presidentes y candidatos conservadores que contrataron sus servicios prefieren ocultar.
En febrero, Cerimedo recibió el premio de “consultor político hispano del año” en una ceremonia realizada en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida. Fue un reconocimiento a la trayectoria de quien trabajó para Javier Milei en Argentina; para Jair Bolsonaro en Brasil; y para Nasry Asfura en Honduras, entre otros líderes latinoamericanos, antes de ganarse la confianza de Paz en Bolivia y contribuir a su inesperada victoria en las presidenciales de 2025. Nada hacía pensar entonces que en poco tiempo esa carrera meteórica se derrumbaría.
Condena por estafa
Nacido en la ciudad argentina de Mar del Plata en 1981, Cerimedo trabajó como taxista, en una aseguradora y en una fábrica de plásticos antes de acercarse al mundo de la asesoría política.
Sus problemas con la Justicia comenzaron hace más de una década: en 2016, un juzgado de su ciudad natal lo condenó a dos años y medio de prisión en suspenso por defraudación y estafa por haber vendido el mismo departamento a dos compradores distintos.
Esa condena no fue un obstáculo para su posterior desarrollo profesional, pero sí un precedente del escaso respeto hacia la ley que ha demostrado. Según reveló el diario La Nación, en Argentina Cerimedo afronta tres causas en el fuero comercial por deudas, entre ellas una que ascendió a medio millón de dólares.
Su salto al mundo empresarial y de la consultoría llegó de la mano de quien sería su esposa y madre de sus hijos, Natalia Basil. El matrimonio fundó distintas empresas, pero ningunas tuvieron tanta relevancia pública como la firma de marketing político Numen, y la firma de comunicaciones Madero Media Group a través de la que crearon La derecha diario. Este medio digital se convirtió con rapidez en un gran vehículo de difusión de las ideas de la ultraderecha y también de campañas de desinformación. Entre las más sonadas estuvo la de Brasil en 2022, cuando acusó a Luiz Inácio Lula da Silva de haber robado las elecciones presidenciales con un documento apócrifo sobre la votación que tuvo que ser desmentido por la Justicia. O al publicar, también en 2022, que el kirchnerismo sabía de antemano sobre el intento de asesinato contra su líder política, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Un año después, Cerimedo participó en la exitosa campaña digital de Milei y cuando el economista ganó las elecciones, su mujer, Basil, fue designada en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según Beller, tanto el consultor como Basil conocían la supuesta red de corrupción en la compra de medicamentos que funcionaba en esa agencia pública bajo la dirección de quien fue abogado de Milei, Diego Spagnuolo. A raíz de sus declaraciones, Beller está citada a declarar como testigo en esa causa de la justicia argentina el próximo 23 de septiembre.
Dinero en efectivo y granjas de bots
En Bolivia, el rol de Cerimedo dentro del Gobierno boliviano generó poco interés hasta el atentado fallido de Beller. Si bien un parlamentario había solicitado al Ejecutivo que especificara las funciones que cumplía, la respuesta que recibió es la misma que se maneja al día de hoy: el argentino no tenía un cargo dentro del Estado ni su servicio se financiaba con dinero público. Beller señaló a Cerimedo como el autor intelectual del ataque con sicarios. A su juicio, lo hizo porque ella sabía de unos supuestos negociados entre el Gobierno y privados de los que se beneficiaba el asesor.
“Fernando me comentaba absolutamente todo lo que le pasaba en el día. Me decía ‘estoy en la residencia presidencial’ y me mandaba ubicación, me decía ‘estoy con [el presidente de Bolivia] Rodrigo Paz’ y me mandaba foto. Me contaba todo como cualquier persona se lo cuenta a su pareja”, dijo Beller a la prensa.
En los allanamientos ordenados por la Fiscalía boliviana en dos viviendas y una oficina de Cerimedo en La Paz, la policía encontró cerca de 50.000 dólares y una “mini granja de bots”. El Ministerio Público asegura también que Cerimedo recibía fondos de una casa de cambio cuyo dueño intentó escapar cuando fue intervenida por la Policía.
En su defensa, Cerimedo justificó que el dinero encontrado era para asentarse en Bolivia, país que pretendía convertir en el centro de operaciones de su trabajo como asesor. Argumentó que sus ingresos eran de alrededor de un millón de dólares anuales gracias al conglomerado de empresas del que es propietario o socio, como Numen, la de seguridad National Security Enterprises y la academia de comunicación digital Numer. No cobraba, sostuvo, por el asesoramiento a Paz, pero proyectaba oficializar sus servicios mediante un acuerdo con la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La institución ha negado cualquier vínculo contractual con el acusado.
El 8 de septiembre, la Fiscalía amplió la denuncia de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado con los delitos de usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas. Días antes, el vicepresidente, Edmand Lara —peleado con Paz desde diciembre—, presentó ante la prensa unos audios en los que supuestamente se escucha a Cerimedo discutiendo varias acciones políticas con el presidente, el ministro de Gobierno o la primera dama, María Elena Urquidi.
Paz admite que el argentino lo acompañó en la segunda vuelta de las elecciones de 2025 y durante los primeros meses de Gobierno, pero defiende que nunca existió una relación laboral formal. “Me apena que, habiendo depositado confianza en ese caballero, esa confianza no se haya retribuido en el sentido correcto o no se haya entendido”, dijo el mandatario.
Milei también marcó distancias en público de su exasesor, pero atribuyó su detención a una conspiración organizada por Lula, el expresidente boliviano Evo Morales y el “castrochavismo”.
Beller intenta influir en las investigaciones judiciales compartiendo en sus redes sociales conversaciones en las que Cerimedo le hablaba de los conflictos dentro del Ejecutivo y fotografías de fajos de billetes que habría encontrado en el apartamento que compartían. La cuarta y última investigación contra él, por el momento, intenta esclarecer si formó parte de una red que protegía el tráfico de drogas con avionetas en el departamento del Beni, región amazónica y fronteriza con Brasil.
Dos investigaciones en Chile
Cerimedo también dejó una controvertida huella en Chile, cuyo rastro quiere seguir la Cámara de Diputados, que el 2 de septiembre aprobó la creación de una comisión investigadora, que empujaron parlamentarios de izquierda, para despejar qué papel pudo cumplir en campañas políticas de la derecha. Se suma la apertura de una indagatoria penal que abrió la Fiscalía por eventuales delitos informáticos, luego de la denuncia del parlamentario socialista Juan Santana.
Hace seis años, el consultor argentino, a través de su empresa Numen, realizó una encuesta cuyos resultados fueron cuestionados, por su falta de rigurosidad, por la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública (AIM) de Chile. Fue publicada en los primeros días de septiembre de 2020, en el contexto del primero de los dos procesos fracasados que tuvo Chile por cambiar la Constitución —uno fue de la izquierda radical y otro de la extrema derecha en 2023— y mostró resultados que favorecían a la derecha.
Por esos días de septiembre, los chilenos se preparaban para votar, el 25 de octubre, en un plebiscito para decidir si aprobaban o rechazaban —como quería la derecha— tener una nueva Constitución que reemplazara a la de 1980, que nació en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La firma de Cerimedo señalaba que solo un 42,3% era partidario de una nueva Ley de Leyes, en contraste con todos los estudios de opinión pública, que indicaban que en promedio el 70% quería un nuevo texto. De hecho, cuando fue el referéndum, el 79,8% estuvo a favor.
El propio Cerimedo, enfrentado a los cuestionados resultados, admitió en una entrevista en Duna que la encuesta le fue encargada por “un grupo de empresarios de Chile que están aportando a la campaña del Rechazo”.
Con ese precedente, su detención en Bolivia abrió una serie de interrogantes, y las primeras las planteó la excandidata presidencial de la derecha tradicional, Evelyn Matthei. La economista encendió las alertas sobre el papel que Cerimedo pudo tener en la política chilena.
Durante la carrera presidencial, Matthei denunció que fue víctima de una campaña “asquerosa” y “sucia”, a través de ataques en redes sociales que atribuyó a grupos republicanos, del partido fundado por Kast. Se difundían videos editados para hacerla parecer como si tuviera Alzheimer. Y reflotó, en una entrevista a la radio Biobío de finales de agosto, la figura de Cerimedo al plantear que, después de la detención del argentino, “las dos cuentas principales de troleo de republicanos” habían desaparecido. “A mí me parece muy raro que se hayan bajado (…) ¿Temen que de alguna manera los vinculen?”.
A los dichos de Matthei se sumaron los de Nadia Beller, que aseguró a la misma radio que su expareja se jactaba de haber trabajado con el “equipo de K”, en alusión al entorno de Kast, y que se ufanaba de haber contribuido a la llegada de un “nuevo presidente”. Ante ello, el nexo con el argentino se convirtió en una pregunta obligada para el mandatario chileno, quien en una entrevista en Cooperativa, realizada hace poco más de semanas, adimitió que conocía a Cerimedo. “Nos hemos cruzado”, dijo. Y agregó: “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”.
La gran red de contactos en las altas esferas de la nueva derecha americana que Cerimedo construyó en los últimos años mira para otro lado ahora que el asesor ha caído en desgracia. El hombre que ayudó a los más poderosos a controlar el relato a través de las redes, pelea por imponer el suyo ante los tribunales.
