María Corina Machado representa cabalmente al pueblo venezolano, victimizado por el chavismo criminal durante tres décadas. A su retorno, tras diez meses de un exilio provechoso por lo aprendido en el hábil manejo del arte diplomático —evidente en su primera rueda de prensa—, puede ingresar a cualquier mesa de acuerdos que facilite transiciones hacia la democracia constitucional de 1961. Pero hay condiciones radicales no negociables para esa posibilidad: son las llamadas universalmente líneas rojas, que pueden anular todo esfuerzo.
La historia política del siglo XX revela que una Alemania devastada y toda la Europa lesionada tras la Segunda Guerra Mundial expulsaron física, moral y espiritualmente al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (Partido Nazi) y apoyaron medidas para la captura de su dirigencia, dondequiera que estuvieran sus cabecillas, a fin de someterlos con rigor al obligatorio sistema judicial que determinó su culpabilidad o inocencia. De allí el más famoso de todos los juicios, ocurrido en Núremberg, y luego el de Eichmann en Jerusalén.
Para la Sudáfrica del apartheid, de los blancos «afrikáners» segregadores de los nativos negros desde el colonialismo y durante siglos, tras múltiples intentos, inútiles declaraciones y condenas verbales, las democracias occidentales determinaron la resolución de la ONU en 1992 a fin de aplicar un boicot comercial casi planetario de productos sudafricanos. Así se consiguió la abolición de aquel sistema esclavista y fue necesario otorgarles varias horas bien marcadas para que liberaran a Mandela y de inmediato comenzaran los preparativos para efectuar elecciones limpias.
En la Polonia sometida a Rusia, el sindicato Solidaridad, a la cabeza de Lech Wałęsa (1980), organizó una huelga general de todos sus perseguidos afiliados para rechazar medidas que aumentaban el costo de los alimentos básicos, retaron a los ejércitos soviéticos con sus peticiones salariales y paralizaron a todos los astilleros y puertos hasta lograr su triunfo. Ese fue el pórtico del Muro de Berlín, derribado en 1989.
Para el caso venezolano, si a MCM y a su partido Vente se les invita y permite su integración a la mesa impuesta por el mandato tutelador estadounidense —con el visto bueno del interinato mafioso—, es de esperar que condicionen su presencia únicamente a que se excluya de toda negociación a cualquier representante militar o civil de los centenares que, violando la Constitución primaria, ejercieron cargos ilegales con represión militar y policial. Pues de lo contrario, por los repetidos antecedentes, no hay una mínima garantía de que sus firmas cumplan con lo allí pactado. Son la secta de los adoctrinados desde su infancia en meriendas donde la piñata a romper con golpes era el presidente Carlos Andrés Pérez. Nunca expresaron arrepentimiento por las matanzas de pacíficos manifestantes en los años 2014 y 2017, entre otros episodios macabros. Tampoco la mandataria interina ha explicado bajo juramento qué contenían las cuarenta cajas que depositó clandestinamente en España, violando prohibiciones internacionales.
De los citados ejemplos proviene la urgente solicitud de la magistrada emérita doctora Blanca Rosa Mármol de León, quien convoca a una huelga general indefinida de todos los gremios petroleros venezolanos para eliminar los pactos inconsultos sobre el destino de la principal riqueza mineral de Venezuela, evento que, secundado por la población general, otorga la única manera de resguardar —así sea por un tiempo medianamente largo— el regreso del militarismo delictivo que arruinó al país y sigue reprimiendo a la oposición, con los militares y civiles aún presos y torturados de múltiples y aberrantes modos en las mazmorras del régimen. Condicionar su liberación absoluta luce como la premisa para que MCM y el pueblo en ella representado se integren a cualquier mesa transicional; porque lo contrario será peor que lo mismo y en vez de expulsar a este sector parasitario se le consolidaría como clase social inmune.
Paralizar al país sin Fedecámaras y filiales no importa, pues, aliados al régimen, nunca secundaron esta solución, que, de paso, evitaría una popular explosión a estallar de repente por el hambre y otros sufrimientos. Entonces se requiere activar con urgencia las básicas líneas rojas aquí apenas esbozadas. El escaso poder de los torturadores quedó en amenazas de usar el armamento aún en sus ya ensangrentadas manos. El gran poder opositor radica en la invencible y gigantesca fuerza de las oposiciones unidas.
Llegó la hora venezolana de cambiar conductas equivocadas y admitir que se cometieron repetidos y graves errores en «el país del disimulo», como lo definió el dramaturgo José Ignacio Cabrujas en una de sus valientes crónicas. Solo así puede comenzar con pie firme el desafiante proceso transicional hasta alcanzar la responsable libertad legal. «Vacilar es perdernos», gritó el auténtico Simón Bolívar en uno de sus momentos más dolorosamente críticos.
