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Yazen Alhasnat, de 17 años, la mañana después de su liberación de prisión.
- Author, Joel Gunter
- Role, BBC News, Cisjordania
En una casa familiar en Belén, en el territorio ocupado de Cisjordania, Yazen Alhasnat estaba sentado junto a su madre frotándose los ojos para despertar.
El joven de 17 años había sido liberado de prisión la noche anterior, casi cinco meses después de ser arrestado en una redada militar israelí en la casa a las 4 de la madrugada.
Yazen había estado retenido bajo «detención administrativa», una política de seguridad de larga data, heredada de los británicos, que permite al Estado israelí encarcelar a personas indefinidamente sin cargos y sin presentar ninguna prueba en su contra.
«Tienen un expediente secreto», dijo Yazen. «No te dicen lo que contiene».
El joven había regresado a su casa porque estaba entre los 180 niños y mujeres palestinos liberados de prisión por Israel en el reciente intercambio de rehenes retenidos por Hamás en Gaza.
Pero al mismo tiempo que se liberaba a los prisioneros palestinos, Israel estaba deteniendo a más personas que en los últimos años.
En las semanas transcurridas desde el 7 de octubre, el número de palestinos en detención administrativa -que ya era de 1.300, su máximo en 30 años- se ha disparado a más de 2.800.
Fuente de la imagen, Getty Images
Israel ha sido acusado de tácticas de mano dura con los jóvenes palestinos.
Cuando Yazen fue liberado, los israelíes le dijeron a su familia que no celebrara públicamente de ninguna manera ni hablara con los medios de comunicación.
Les dieron las mismas instrucciones a las familias de otros dos adolescentes que hablaron con la BBC sobre sus experiencias.
Pero las tres familias dijeron que querían denunciar la cuestión de la detención administrativa.
«Todas las líneas»
Israel dice que el uso de la detención administrativa cumple con el derecho internacional y es “una medida preventiva necesaria para combatir el terrorismo”.
Maurice Hirsch, exdirector de la fiscalía militar de Cisjordania de 2013 a 2016, le dijo a la BBC que Israel «no sólo estaba cumpliendo con el derecho internacional sino que lo estaba superando con creces», al permitir que los detenidos apelaran y al garantizar que sus detenciones fueran revisadas cada seis meses.
Pero los grupos de derechos humanos afirman que el extenso uso de la medida por parte de Israel es un abuso de una ley de seguridad que no está diseñada para ser empleada a esa escala, y que los detenidos no pueden defenderse efectivamente o apelar, porque no tienen acceso a las pruebas en su contra.
«Según el derecho internacional, la detención administrativa debería ser una rara excepción», señala Jessica Montell, directora ejecutiva de HaMoked, una organización israelí de derechos humanos que supervisa la detención de palestinos.
«Se supone que hay que utilizarla cuando existe un peligro presente y no hay otra forma de prevenir ese peligro que detener a alguien. Pero está claro que Israel no lo está utilizando de esa manera. Está deteniendo a cientos, miles de personas, sin cargos, y utiliza la detención administrativa para protegerse del escrutinio».
Los soldados israelíes dispararon una bala en el dormitorio de Musa Aloridat, en Jericó, mientras asaltaban su casa.
Los palestinos han estado sujetos a detención administrativa en esta región desde 1945, primero bajo el Mandato Británico y luego en los territorio palestinos ocupados.
En algunos casos muy raros, la ley se ha utilizado contra colonos israelíes, pero se usa abrumadoramente para detener a palestinos de Cisjordania, incluidos niños.
A los detenidos administrativos se les concede una audiencia (en un tribunal militar, frente a un juez militar israelí), pero el Estado no está obligado a revelar ninguna de sus pruebas a los detenidos ni a sus abogados.
Los detenidos pueden ser condenados a penas de hasta seis meses. Pero el tribunal militar puede prorrogar los seis meses indefinidamente, lo que significa que los detenidos administrativos no tienen en ningún momento una idea real de cuánto tiempo van a estar encerrados.
«Lo que realmente te afecta es la incertidumbre», señala Yazen, sentado en la sala de su casa. «¿Terminarás tus seis meses y te irás? ¿O te ampliarán por un año, por dos años?».
Los detenidos pueden presentar una apelación, incluso ante el Tribunal Supremo de Israel, pero al no tener acceso a las pruebas en su contra, no tienen nada en qué basarse.
Tribunales militares
Los palestinos que son juzgados formalmente en tribunales militares tienen más acceso a las pruebas, pero los tribunales hacen alarde de tener tasa de condenas de aproximadamente el 99%.
«Defender a los palestinos en los tribunales militares es una tarea casi imposible», afirma el abogado defensor Maher Hanna, radicado en Jerusalén.
«Todo el sistema está diseñado para limitar la capacidad de un palestino para defenderse. Impone duras restricciones a la defensa y libera al fiscal del Estado de la carga de la prueba».
El uso de esta política por parte de Israel en Cisjordania “ha cruzado todas las líneas: roja, verde, todos los colores», dice Sadiah, la madre de Yazen.
«Vivimos bajo un sistema de justicia paralelo».
Una fotografía tomada por los padres de Musa Aloridat muestra cuando es detenido por las FDI tras una redada a primera hora de la mañana.
Cuando detuvieron a Osama Marmesh, de 16 años, dijo que lo sacaron de la calle y lo metieron en un automóvil sin identificación.
Así que durante las primeras 48 horas de la detención de Osama, su padre Naif no tenía idea de dónde estaba. «Llamas a todos tus conocidos para preguntarles si han visto a tu hijo», cuenta Naif. «No duermes».
Osama señala que durante su arresto preguntó repetidamente por los cargos en su contra, pero cada vez le decían que «se callara».
Cuando Musa Aloridat, de 17 años, fue arrestado, en una redada a las 5 de la mañana en su casa familiar, las fuerzas israelíes destrozaron el dormitorio que compartía con sus dos hermanos menores y dispararon una bala al armario, rompiendo el cristal, dijo.
«Se lo llevaron en ropa interior», afirma el padre de Musa, Muhannad, mostrando una foto en su teléfono. «Durante tres días no supimos nada».
Ni a Yazen, Osama ni Musa, ni a sus padres ni a sus abogados, se les mostró ninguna prueba contra ellos durante los meses que estuvieron detenidos.
Cuando Israel publicó las listas de los detenidos que serían liberados en los recientes intercambios, en la columna que detalla los cargos, junto a los nombres de Yazen, Osama y Musa sólo había una línea vaga: «Amenaza a la seguridad de la zona».
Otra versión de la lista decía que Yazen y Musa eran sospechosos de estar afiliados a grupos militantes palestinos.
Cuando Osama fue liberado, le entregaron un breve pliego de cargos que decía que en dos ocasiones, meses antes, había arrojado una piedra, «de la mitad del tamaño de la palma de su mano», hacia posiciones de seguridad israelíes.
Guantánamo
Maurice Hirsch, el exdirector de la fiscalía militar, afirmó que sería un error sacar conclusiones a partir de la limitada información disponible.
«Hay una diferencia muy marcada entre las pruebas abiertamente disponibles contra estos terroristas y lo que contiene la información de inteligencia», dijo.
«Vemos que los estadounidenses utilizan la detención administrativa en Guantánamo, así que sabemos que esta medida es reconocida y aceptada internacionalmente», añadió.
«Y dado que se trata de una medida aceptada internacionalmente, ¿por qué solo a Israel se le debe impedir que la utilice, cuando estamos lidiando con probablemente la mayor amenaza terrorista que nadie haya visto jamás?».
La prisión de Ofer, donde Yazen y Musa estuvieron recluidos junto con cientos de detenidos administrativos.
Al final, Yazen, Osama y Musa pasaron entre cuatro y siete meses en prisión.
Los tres dijeron que las condiciones habían sido relativamente cómodas hasta el ataque de Hamás el 7 de octubre, cuando les quitaron las sábanas, las mantas, la ropa extra y la mayor parte de sus raciones de alimentos, y se les cortó toda comunicación con el mundo exterior, en lo que describieron como castigo colectivo por el ataque.
Otros detenidos han dicho que los golpearon, les lanzaron gases lacrimógenos o los acosaron con perros.
El Servicio Penitenciario de Israel confirmó que había puesto las cárceles en modo de emergencia y «reducido las condiciones de vida de los prisioneros de seguridad» en respuesta al ataque de Hamás.
«Todos los países están con ellos, nosotros estamos solos», dice Osama Marmesh, en su casa de Cisjordania.
Yazen, Osama y Musa fueron liberados anticipadamente, porque el intercambio de rehenes israelíes priorizó a mujeres y niños.
Pero, según las cifras más recientes del servicio penitenciario, todavía hay 2.873 personas recluidas bajo detención administrativa en cárceles israelíes.
El día después de regresar a su casa, Musa estaba en su habitación donde cuatro meses antes el ejército israelí lo había sacado de su cama.
Las puertas del armario, destrozadas por una bala, habían sido retiradas y reemplazadas; sus padres habían arreglado cuidadosamente la habitación.
Musa esperaba estar en prisión mucho más tiempo, dijo. Su abogado le había dicho que había un 90% de posibilidades de que se prolongara su detención.
Los tres jóvenes cuentan que quieren intentar terminar la escuela. Pero vivir bajo la amenaza constante de que te encierren nuevamente era su propia «especie de detención psicológica», afirma Musa.
«Nos liberaron a una prisión más grande», asegura Yazen.
«No hay paz», dice la madre de Yazen, mirándolo. «Te pueden llevar en cualquier momento».
Muath al-Khatib contribuyó a este informe. Fotografías de Joel Gunter.
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