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La gentrificación, la falta de vivienda y el aumento de los alquileres no solo son un problema en España. Francia lleva años intentando regular la subida de los precios y la falta de vivienda en el país, pero también la proliferación de los alquileres vacacionales en zonas tensionadas, como París, Marsella o Lyon.
El anterior Gobierno de Emmanuel Macron trabajó en un proyecto de ley que pretendía regular plataformas, como Airbnb, pero tras las elecciones legislativas y el bloqueo político posterior, muchos pensaron que este proyecto quedaría en el olvido. Ahora, con el debate de los presupuestos de 2025, este texto podría retomarse e incluso ser sometido a votación próximamente.
El nuevo Ejecutivo, encabezado por Michel Barnier, pretende dar más herramientas a los alcaldes para regular la presencia de los alquileres vacacionales de corta duración en sus ciudades, y reducir el vacío fiscal que rodea a este negocio. Ya el pasado mes de julio, el Consejo de Estado canceló un punto de la ley de presupuestos de 2024 que mantenía el limbo legal de este tipo de alquileres.
En términos de números, se prevé que con esta nueva regulación los alquileres vacacionales se reduzcan un 50% en Francia, y los propietarios aporten más a las arcas del Estado.
Impuesto sobre las segundas residencias
Francia se encuentra en pleno debate de sus presupuestos de 2025, con los que el Gobierno pretende recaudar en impuestos 60.000 millones de euros, y sanear así las cuentas del Estado.
Barnier quiere que las clases altas y las grandes empresas aporten más económicamente, como parte de «un esfuerzo colectivo». De ahí, que en el nuevo texto de presupuestos, se incluya impuestos aplicados a las segundas residencias. También a aquellos que cuenten con una segunda residencia en alquiler vacacional de corta duración.
El objetivo es regularizar la fiscalidad de este tipo de negocios que no ha dejado de crecer en los últimos años en un país, en el que el turismo aportó 63.500 millones de euros en 2023.
Un máximo de 120 días al año
Desde 2017, la oferta de Airbnb en Francia se ha disparado un 50%, mientras que las ofertas de alquiler de viviendas de larga duración se han visto reducidas un 0,2%. Solo en el periodo de los Juegos Olímpicos de París, Airbnb acogió a más de 500.000 huéspedes en la capital, gracias a sus tarifas más accesibles que los hoteles.
Un hecho que inquieta a la vicepresidenta de Ensemble, Annaïg Le Meur: «Es urgente detener esta tendencia actual del mercado de alquiler que impide a un número creciente de nuestros conciudadanos acceder a la vivienda».
Francia lleva años luchando contra esta tendencia, y ya cuenta con una normativa que la regula. En ciudades con más de 200.000 habitantes, los anfitriones solo pueden alquilar su residencia principal en Airbnb un máximo de 120 días al año. En el caso del alquiler de segundas residencias, en París existe un estricto control, en el que el propietario debe solicitar un permiso a la alcaldía, que, por lo general, no suele ser fácil obtenerlo, ante el número limitado de permisos. Por lo que, las autoridades instan a que los propietarios renten bajo un régimen de larga duración.
Aunque, hasta el momento, esta legislación no consigue reducir el problema de los altos precios, la gentrificación y la expulsión de las ciudades de los ciudadanos locales.
Marsella contra las cajas de seguridad Airbnb
En las calles de Marsella no han dejado de aparecer en farolas, barandillas públicas o en las puertas de las casas, unas pequeñas cajas fuertes negras con un código de seguridad. Infinitas cajas que en algunos barrios ya se han convertido en parte del mobiliario urbano.
Ahora, el Ayuntamiento de Marsella ha puesto en marcha un plan con un grupo de agentes municipales de la brigada de control, que se encargan diariamente de precintar, y en algunos casos de destruir, estas cajas enfocadas al alquiler vacacional. El objetivo del ayuntamiento es limitar los alquileres en esta plataforma y reducir el ruido visual que suponen: «Después de precintar la caja, pasado el plazo y sin intervención por parte del propietario, los servicios del ayuntamiento retirarán las cajas de llaves. Estos se entregan a objetos perdidos de la ciudad, donde los propietarios pueden recuperarlos», afirmó la alcaldía en un comunicado.
Esta es una de las primeras medidas que ha tomado el ejecutivo, pero no la única. En las últimas semanas, las autoridades de Marsella trabajan en una nueva medida que pretende obligar a los propietarios de un Airbnb a comprar otra propiedad y ponerla en alquiler de larga duración, para así ofrecer más oportunidades a los ciudadanos locales. Según el alcalde, Benoît Payan, el 75% de los propietarios de este tipo de pisos no son marselleses, sino que se trata de promotores inmobiliarios: «Con estas medidas haré que los grandes promotores pierdan las ganas de ganar dinero a costa de los marselleses», afirmó.
Un problema para los ciudadanos (y para los hoteles)
Los hoteles también se han visto afectados por la proliferación de esta nueva manera de viajar, provocando una caída de los beneficios de entre el 20% y el 30%. Unas pérdidas que para el gremio se centran en una clara «competencia desleal», ya que afirman que Airbnb no respeta las normas de recaudación del impuesto turístico y de aplicación de las normas locales sobre alquileres a corto plazo.
Sin embargo, para la justicia francesa tal problema no existe, y acaba de fallar a favor de Airbnb, en un litigio que inició la Unión de Industrias y Comercios Hoteleros (Umih) contra la plataforma: «Esta decisión confirma que la plataforma respeta las leyes aplicadas», afirmaron desde Airbnb.
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