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Este domingo, en un mitin en el condado de Lancaster, en el fundamental estado bisagra de Pensilvania, Donald Trump incluía en su discurso varios elementos habituales en sus intervenciones, entrevistas y mensajes en redes sociales, un mensaje que ha ido lanzando y repitiendo con más intensidad conforme se acercan la fecha clave del 5 de noviembre. En una diatriba de 20 minutos hablaba, sin pruebas, de un supuesto fraude electoral en estas elecciones presidenciales en que se mide a Kamala Harris, apuntaba sin evidencias a trampas de los demócratas y a hipotéticas manipulaciones de las máquinas de votación y propagaba teorías de la conspiración sobre voto de inmigrantes sin papeles.
También decía que en 2020, cuando perdió frente a Joe Biden en una derrota que sigue sin reconocer, “no debería haber dejado” la Casa Blanca.
El escenario elegido por Trump no es casual. Con 19 votos en el colegio electoral y la lucha más ajustada de las que se libran en todos los estados bisagra según las últimas encuestas (que también atacaba este domingo como «interferencia electoral«), Pensilvania es la madre de todas las batallas. Es también un estado donde las particularidades y complicaciones del sistema para realizar las elecciones y contabilizar los votos en sus 67 condados crean la posibilidad de que el recuento se prolongue. Es lo que sucedió hace cuatro años, cuando Trump se anticipó a que acabara ese recuento y se declaró ganador a las 2.21 de la madrugada del miércoles. Biden no fue declarado vencedor hasta el sábado, cuatro días después del cierre de las urnas.
Pensilvania se va consolidando como la zona cero de una estrategia clara de Trump en estos comicios, que lleva diseñando cuatro años pero en los últimos meses, semanas, días y horas se ha hecho más transparente: sembrar dudas sobre la integridad del sistema electoral y atacar y retar los resultados si no le son favorables.
Un asalto intensificado
Los mensajes señalando a supuestas irregularidades se han estado acentuando. En Truth Social, su red social, Trump lanzaba hace unos días la acusación de que los demócratas “ya han empezado a hacer trampas en Lancaster” y aseguraba que les había “pillado con 2600 votos falsos”. Poco importó que las autoridades, que confirmaron que estaban investigando 2.500 formularios de registro, aclararan que eran eso y no votos ya emitidos.
“Es señal de que las salvaguardas en el proceso de registro funcionan”, defendía Al Schmidt, el republicano que la máxima autoridad a cargo de las elecciones en el estado, donde también ha habido una inspección de 3.000 esos formularios por anomalías en el condado de York.
Alimentar la sensación de que algo turbio sucede es esencial para Trump para preparar su potencial asalto a los resultados pero en la táctica se exponen también sus contradicciones. A la vez que ha estado animando a sus seguidores a que esta vez voten temprano o por correo, modos de voto que tradicionalmente favorecían a los demócratas y que en 2020 se dispararon en la pandemia, pone en cuestión que haya que esperar al recuento de esas papeletas para declarar un ganador. Ese proceso en Pensilvania se complica porque no se pueden empezar a tabular los votos anticipados hasta la misma jornada de las elecciones.
Trump además aseguraba que los esfuerzos por ampliar horarios en centros de voto para permitir que más gente pueda participar son equivalentes a fraude, pero esta misma semana él y su partido presentaron una demanda en los tribunales, y la ganaron, para conseguir que en un condado se ampliara tres días la votación anticipada (Pensilvania no tiene voto temprano pero existe la posibilidad de ir a una oficina a solicitar en persona el voto por correo, rellenar la papeleta y entregarla en una misma visita).
Ataque triple a nivel nacional
Lo que sucede en Pensilvania es parte de una estrategia de ataque al sistema electoral que se está desarrollando a nivel nacional. De ella forman parte acusaciones sobre todo tipo de supuestos fraudes lanzadas por Trump y sus aliados y amplificadas en medios y redes sociales. Se ha formado además un «ejército» de 175.000 voluntarios para funcionar como trabajadores y observadores en los centros de voto y de recuento. Hay también un frente legal y según Democracy Docket el expresidente y candidato y grupos afiliados han presentado ya 146 demandas.
En Pensilvania, que hace cuatro años fue el estado donde se interpusieron más casos contra los resultados en el torrente de demandas que fracasaron de forma estrepitosa para Trump, el pasado junio un grupo de extrema derecha acusó en los tribunales al estado de supuestos errores en las listas de votantes, un caso que aún no se ha resuelto. En septiembre seis congresistas (parte de los que se negaron en 2020 a certificar los resultados legales) demandaron al estado asegurando que las papeletas que llegan desde el extranjero (que Trump ha puesto en la diana de las dudas este año) eran vulnerables al fraude. Ese caso fue desestimado.
Muchos de los republicanos de Pensilvania que apoyaron los intentos de robo de Trump en 2020 siguen en cargos vinculados a la celebración y el desarrollo de las elecciones. Otros que han defendido la integridad del sistema han visto intensificarse las amenazas. “Ya no se nos ve como quienes desempeñamos un trabajo que ayuda a la gente”, le decía recientemente a ‘The New Yorker Bethany Salzarulo, a cargo de las elecciones en el condado de Cumberland. “Somos el enemigo ahora. Es nuestra culpa si el candidato de alguien no gana”.
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