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El derrumbe del techo de hormigón de la estación de ferrocarriles de Novi Sad, recientemente remodelada por empresas chinas, ha abierto otra herida en Serbia. El trágico suceso, ocurrido el 1 de noviembre y que se cobró la vida de 14 personas, ha impulsado una nueva ola de protestas en el país balcánico, donde la denuncia de la oposición serbia se ha unido a la indignación ciudadana.
Las siguientes manifestaciones están previstas para los próximos días, tras las primeras marchas en Novi Sad, que desembocaron en violentos altercados callejeros entre la policía y los manifestantes, con nueve personas detenidas. Y otra protesta también se ha llevado a cabo esta misma semana en Belgrado, la capital del país, organizada por la oposición política bajo el lema «La corrupción mata».
«Este país tiene hambre de justicia», explicaba en ese contexto el abogado Jovan Rajić, uno de los organizadores, en declaraciones recogidas por Balkan Insight. «Es necesario que todas las asociaciones de profesionales, las instituciones, las federaciones y las personas colaboren en una de las tareas más importantes que nos espera: devolver a nuestras profesiones el lugar que merecen, para restaurar la confianza de los ciudadanos», añadía la presidenta de la Asociación de Arquitectos de Novi Sad, Ana Ferik Ivanović.
Justicia
La razón es la rabia desatada por el incidente que afectó a la infraestructura, recién reabierta al público en julio de este año y cuya reconstrucción comenzó en 2021, después de que su proyecto fuese encargado a un conglomerado de compañías chinas, compuesto por la Chinese Railway International y la Chinese Communications Construction Company. Una compañía húngara (el propio Viktor Orbán visitó la obra en 2022) se había encargado, en cambio, de la supervisión.
La situación ha enfurecido a los ciudadanos también a causa de que, inmediatamente después del incidente, el conglomerado chino afirmó que el techo no era parte de los planes de reestructuración, algo que luego fue desmentido por un consultor de la obra. Todo ello mientras la investigación judicial en curso aún no ha identificado a los responsables finales del derrumbe.
Un clima incendiario que ya ha contribuido a la renuncia del ministro de Infraestructuras, Goran Vesić, aunque los manifestantes siguen insistiendo en que también deberían dimitir las autoridades de Novi Sad y Miloš Vučević, el actual primer ministro serbio y quien era alcalde de la ciudad en el momento de la inauguración de la estación de trenes. Además, los manifestantes también piden que se publiquen todos los contratos de la obra, actualmente clasificados como confidenciales, y la revisión de todos los grandes proyectos realizados en la última década.
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