El proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional dedica un capítulo específico a regular el uso legítimo de la fuerza y de las armas, estableciendo límites claros, controles institucionales y garantías tanto para la ciudadanía como para los propios agentes.
La iniciativa parte de un principio rector: el uso de armas es excepcional y solo procede cuando otros medios resulten insuficientes para proteger la vida, prevenir un delito grave o restablecer el orden público.
Toda actuación debe ajustarse estrictamente a los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, alineados con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
