Tocoa, Colón
La muerte del ambientalista y exregidor municipal Juan López, ocurrida el 14 de septiembre de 2024, no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una presunta persecución sistemática tras haber descubierto una red de corrupción y financiamiento que, según investigaciones recientes, vincula a Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa, Colón, con grupos armados y actividades relacionadas con el extractivismo minero.
De acuerdo con las investigaciones que LA PRENSA conoció, días antes de su asesinato, Juan López obtuvo documentos que presuntamente evidenciaban malversación de caudales públicos y falsificación de documentos oficiales en la municipalidad de Tocoa, gobernada por Fúnez durante dos décadas, entre 2006 y 2026.
Una semana antes de su muerte, López, consciente del riesgo que enfrentaba, visitó la vivienda de un empleado municipal, cuya identidad se mantiene bajo reserva, para validar documentos que implicaban directamente a Fúnez en supuestos actos de corrupción vinculados a personas cercanas y, presuntamente, a un grupo armado de la aldea Quebrada de Arena, ubicada a unos 15 minutos de Tocoa, a orillas de la carretera CA-13.
Según un denunciante anónimo y documentos revisados posteriormente por López, la municipalidad de Tocoa, bajo el mando de Adán Fúnez, habría operado «una caja chica» destinada a beneficiar a un círculo cercano, según registros oficiales.
Entre febrero y diciembre de 2024, Fúnez emitió 38 órdenes de compra a favor del pequeño restaurante “Servicios e Inversiones Lideny”, ubicado en Quebrada de Arena y propiedad de una amiga cercana del exalcalde, por concepto de alimentación.
LA PRENSA conoció que Juan López detectó que los pagos no eran simples contratos comerciales, sino una forma de clientelismo presupuestario para financiar a personas ligadas a bandas armadas.
Uno de los casos documentados por López ocurrió en abril de 2024, cuando Adán Fúnez autorizó un pago para alimentar al personal de la Unidad Técnica Municipal (UTM) durante un levantamiento en la comunidad de Prieta.
Aunque las planillas oficiales indican que la UTM contaba con ocho empleados, el listado presentado para justificar el cobro de alimentos incluía a 100 personas, distribuidas en cinco listas de 20 nombres cada una. Además, los documentos muestran que los nombres y firmas aparentemente fueron escritos por una sola persona.
Documentos de 2016 también revelan que la propietaria de “Servicios e Inversiones Lideny” y su padre sirvieron como avales hipotecarios para un préstamo personal de Adán Fúnez con una institución bancaria estatal, lo que, según la investigación, evidenciaría una relación cercana que data de principios de los años 2000.
La red de contratos también se extendía a otros negocios familiares. El comedor Nayali, propiedad de la madre de la dueña de “Servicios e Inversiones Lideny”, recibió pagos municipales por más de medio millón de lempiras en 2024.
Asimismo, la empresa Servicios Tecnológicos, vinculada a la misma familia, fue beneficiada con 275,390 lempiras para la reposición de equipo de oficina en Tesorería. En total, esta empresa recibió casi un millón de lempiras en menos de un año.
Incendio misterioso
El cerco sobre la administración de Fúnez comenzó a estrecharse en julio de 2024, cuando se conoció que Juan López poseía documentos comprometedores. La noche del 4 de julio de ese año, el departamento de Tesorería de la alcaldía fue consumido por un incendio.
Testimonios anónimos aseguran que el siniestro habría sido provocado para destruir evidencia contable. Según esas versiones, guardias de seguridad recibieron instrucciones de no intervenir y se les habría garantizado que no enfrentarían consecuencias si permitían el incendio.
Meses antes del crimen contra López, los pagos a estas empresas continuaron. Entre agosto y octubre de 2024, “Servicios e Inversiones Lideny” cobró 723,237 lempiras por servicios de alimentación. En el mismo período, comedor Nayali recibió 63,928 lempiras y Serctem facturó 480,025 lempiras.
Al consultarse por qué esos procesos de compra no figuraban en el portal de transparencia, se dio a conocer que todos los respaldos se quemaron durante el incendio al departamento de Tesorería.
La última carga de información al portal de transparencia fue realizada el 2 de julio de 2024, dos días antes del incendio. De los diez cheques emitidos en esa fecha, cinco correspondían a pagos para el restaurante vinculado a una amiga cercana de Adán Fúnez, por 278,737 lempiras.
Otro dato contenido en los documentos señala que, tras el incendio, Juan López y otros regidores de oposición intensificaron la presión para obtener las planillas salariales. La investigación apunta a un supuesto esquema de drenaje de fondos públicos mediante empleados inexistentes o personas que cobraban sueldos sin presentarse a trabajar.
De los negocios al sicariato
La madre de la propietaria de “Servicios e Inversiones Lideny” es hermana de Luis Alonso Tábora, identificado por las investigaciones como exlíder de la banda criminal Los Tábora, que operaba en la zona.
Según los documentos revisados, esta persona ocupó puestos en la Unidad Municipal Ambiental (UMA), antes de pasar a trabajar para las empresas mineras del sector. Poco después Luis Alonso Tábora fue asesinado en Colón.
Los Tabora habían sido señalados por presuntos actos de intimidación contra los ambientalistas que se oponían a las empresas extractoras de minas y a los regidores que denunciaban al entonces alcalde Adán Fúnez.
Las investigaciones también relacionan a estas familias con la banda criminal “Los Cachos”, liderada por Juan Carlos Lezama, quien fue capturado y enviado a prisión junto a otros integrantes del grupo.
Tras el asesinato de Juan López, un exfuncionario municipal de la alcaldía de Tocoa, actualmente en el exilio, denunció que Adán Fúnez supuestamente tenía a disposición un grupo de sicarios integrado por familiares de la mujer favorecida con los contratos de alimentación.
Para Juan López, los documentos en su poder sobre los presuntos actos de corrupción en la administración de Fúnez constituían evidencia de cómo recursos públicos de Tocoa habrían fortalecido a grupos que aterrorizaban a los ambientalistas.
Adán Fúnez guarda prisión desde la noche del 12 de mayo junto a los empresarios Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos, señalados por las autoridades como autores intelectuales del asesinato de Juan López.
Falsificación de documentos
La investigación también reveló que, aunque el acta oficial de la Corporación Municipal registraba que no se habían otorgado permisos a una empresa minera, el exalcade es acusado de falsificar ese punto de acta para permitir la operación del proyecto minero señalado de amenazar el río Guapinol, en Tocoa.
El conflicto en el Bajo Aguán por la defensa del río Guapinol ha sido señalado por organismos internacionales como uno de los escenarios más peligrosos para defensores de derechos humanos y ambientalistas.
