La República Dominicana inicia el año 2026 con grandes desafíos, entre ellos el cumplimiento progresivo de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, normativa que busca, entre otros objetivos, erradicar el problema de la basura en la sociedad.
Una de las disposiciones de esta ley —promulgada el 15 de diciembre por el presidente Luis Abinader— establece que las alcaldías y distritos municipales cuentan con un plazo de 36 meses para implementar la clasificación y separación de los residuos en el lugar donde se generan.
Esto implica que, en vez de mezclarla, los hogares, centros educativos y comercios deberán separar la basura en orgánica, inorgánica, peligrosa y reciclable, y entregarla de manera diferenciada a los camiones recolectores, responsables de su adecuado manejo. La clasificación desde la fuente facilitará el trabajo de las plantas de tratamiento.
El artículo 28 indica: «Se otorga un nuevo plazo máximo de treinta y seis meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para que los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales promuevan la implementación progresiva de programas de separación en la fuente y la recolección selectiva de los residuos en todo el ámbito de su jurisdicción».
