Santo Domingo, República Dominicana. — Crece la preocupación ciudadana ante las denuncias sobre posibles irregularidades en el proceso de licitación pública para la construcción del Monorriel de Santo Domingo, convocado por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), por un monto superior a quinientos millones de dólares (US$500,000,000.00).
El jurista Manuel Fermín Cabral, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), publicó un análisis que pone en evidencia serias debilidades en el Procedimiento de Licitación Pública FITRAM-CCC-LP-2025-0001, cuestionando la objetividad y legalidad del proceso.
“POR LA TRANSPARENCIA Y OBJETIVIDAD EN CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL #FITRAM
A propósito del procedimiento de licitación pública para la construcción del monorriel de Santo Domingo por un monto de quinientos millones de dólares (US$500,000,000.00).
(Fase I del Monorriel de Santo Domingo referencia “Procedimiento de Licitación Pública FITRAM-CCC-LP-2025-0001”)
He tenido a bien verificar los documentos del Procedimiento de Licitación Pública FITRAM-CCC-LP-2025-0001. Dicha licitación es convocada por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM). En efecto, del contenido del pliego de condiciones aprobado para dicho proyecto se derivan varias cuestiones que resultan preocupantes. Cuestiones que no soportan un examen de legalidad y que, por ende, de no corregirse a tiempo, pueden poner seriamente en entredicho la objetividad e imparcialidad en ese procedimiento.
Hablamos de un pliego de condiciones que, por un lado, restringe irracionalmente la concurrencia de oferentes, especialmente de empresas extranjeras, estableciendo un plazo de apenas 32 días hábiles para la presentación de ofertas; pero que, además, dispone en su literal a), de la cláusula 3.9, que la experiencia mínima requerida para un proyecto de esta envergadura, de esta complejidad, se puede probar o acreditar con la simple presentación de la copia certificada de un contrato que tenga el mismo objeto, esto es, que esté relacionado a un “proyecto de transporte ferroviario de tipo monorriel u otra modalidad ferroviaria de transporte público urbano”. De ahí que, por increíble que parezca, no se exige que se acredite la experiencia, como debe ser, con la ejecución misma de la obra de infraestructura, sino que con un simple contrato —que no prueba la ejecución de la obra— quedaría acreditada dicha experiencia.
Esto último es especialmente preocupante, pues parecería favorecer al consorcio adjudicatario de una obra de similares características en Santiago. Y, más grave aún, supondría una seria restricción para empresas extranjeras, que son las que más tienen que ofrecer en términos de experiencia. Todo lo anterior implica una violación a la Ley 340-06.
Según el jurista, el pliego aprobado por el FITRAM restringe irracionalmente la concurrencia de oferentes, especialmente de empresas extranjeras, al establecer un plazo de apenas 32 días hábiles para la presentación de ofertas, lo que limita la participación y favorece potencialmente a actores locales con información privilegiada.
Más preocupante aún, el documento permitiría acreditar experiencia técnica con la simple presentación de un contrato similar, sin requerir la ejecución comprobada de obras de igual complejidad, una práctica que contraviene los principios básicos de transparencia, competencia y capacidad establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
“De ahí que, por increíble que parezca, no se exige que se acredite la experiencia con la ejecución de la obra, sino que con un simple contrato —que no prueba la ejecución— quedaría acreditada dicha experiencia”, explicó Fermín Cabral, advirtiendo además que este criterio podría favorecer al consorcio adjudicatario del monorriel de Santiago.
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🔍 Una licitación bajo sospecha
El planteamiento ha encendido las alarmas en distintos sectores ciudadanos y políticos que reclaman claridad al Gobierno y al FITRAM.
Organizaciones de la sociedad civil y voces críticas del entorno político consideran que el proceso presenta señales de favoritismo, falta de competencia real y violaciones a la Ley 340-06, lo que podría convertir uno de los proyectos de transporte más ambiciosos del país en un símbolo de opacidad institucional.
“El desarrollo no puede construirse sobre licitaciones amañadas. Cada dólar del pueblo dominicano debe ejecutarse con transparencia y rendición de cuentas”, afirmaron activistas que han replicado la denuncia bajo los hashtags #LicitaciónMonorrielSD y #TransparenciaYaRD.
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⚠️ Exigen respuesta inmediata del FITRAM y los organismos de control
La ciudadanía demanda al FITRAM, a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), a la Contraloría General de la República y al propio Ministerio de la Presidencia, que revisen el procedimiento completo y garanticen la aplicación estricta de la Ley 340-06.
Asimismo, se exige que se publiquen íntegramente los documentos y criterios de evaluación del proceso licitatorio, a fin de asegurar que la adjudicación se realice bajo los principios de igualdad, libre concurrencia y transparencia que exige la Constitución.
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🗣️ Conclusión
La denuncia del jurista Manuel Fermín Cabral ha encendido un debate legítimo sobre la ética pública y la responsabilidad institucional en la gestión de obras millonarias.
Mientras el FITRAM guarda silencio, la presión social crece. La ciudadanía observa, cuestiona y exige: no más licitaciones bajo la sombra de la duda.
