En la administración pública hay corrupciones que duelen… y otras que aterran. Porque no es lo mismo robarse un asfalto mal medido que tocar la caja registradora del principal instrumento de protección social. El caso que sacude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) no es solo un expediente judicial: es una radiografía de lo que ocurre cuando los organismos llamados a supervisar el manejo de los fondos públicos bajan la guardia. ¿Cómo es posible que todo saliera a la luz por una investigación periodística? Y si acaso lo sabían, ¿qué les impidió actuar?
De acuerdo con la investigación presentada en los tribunales, el Ministerio Público atribuye a los imputados un perjuicio superior a los 15 mil millones de pesos en el entramado investigado. En el debate público se han mencionado cifras mayores, incluso montos que podrían escalar, pero lo jurídicamente sólido —por ahora— es lo que sustenta el expediente de la acusación. Y con eso basta para dimensionar la magnitud del golpe.
El proceso avanzó con rapidez. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros seis imputados, y dictó arresto domiciliario e impedimento de salida a otros tres, además de declarar el caso como complejo. Es una decisión que, sin prejuzgar culpabilidades —en justicia la condena se escribe al final, no al principio—, envía una señal institucional clara: cuando el dinero público se mueve en red, la respuesta del Estado también debe ser en red.
Pero lo más alarmante es el terreno donde ocurre. Senasa garantiza cobertura a 7.4 millones de afiliados, y la propia entidad ha insistido en que los servicios continúan pese al impacto del caso. Traducido al lenguaje llano: aquí no se afecta a una institución abstracta, sino al motoconchista, al envejeciente, a la madre soltera, al obrero, al trabajador de salario mínimo y presupuesto contado.
