Santo Domingo. El Gobierno dominicano refuerza en 2026 las políticas públicas de prevención y control, amplía el uso de tecnología y fortalece la participación ciudadana, con el objetivo de reducir el crimen y los conflictos sociales, garantizar la paz, la convivencia y la seguridad de la población.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció estas declaraciones al término de la primera reunión presencial de la Fuerza de Tarea Conjunta en 2026, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, donde anunció que este año se duplicarán los esfuerzos contra el tráfico y el porte ilegal de armas, así como el desmantelamiento de bandas criminales que operan en el país.
En ese contexto, la ministra detalló las áreas prioritarias de acción de la Fuerza de Tarea Conjunta, entre ellas el desmantelamiento de bandas y estructuras del crimen organizado, la lucha frontal contra el microtráfico, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como el control de los mercados ilícitos vinculados al robo de celulares, motocicletas y metales.
Destacó la puesta en funcionamiento de un centro de verificación de celulares en Plaza Central, desarrollado en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, que permite a los ciudadanos comprobar gratuitamente si un dispositivo es robado. Este proyecto será ampliado progresivamente a otros puntos del país.
Raful, subrayó además el fortalecimiento del orden público y la prevención, mediante acciones contra la contaminación sónica, la implementación del nuevo modelo de patrullaje preventivo y el trabajo territorial a través de las mesas de seguridad ciudadana, en coordinación con diversas instituciones del Estado.
Indicó que otro eje fundamental será la lucha contra la violencia de género. Informó que en 2025 se ejecutó el 85 % de las órdenes de arresto, y que, mediante la estrategia Puntos Vida, se amplían las opciones de protección para mujeres en situación de riesgo, en coordinación con la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer.
