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Su promesa en la víspera de «luchar hasta el fin» había dispuesto el escenario de hoy. En una esquina, los irreductibles de Yoon Suk-yeol, presidente suspendido de sus funciones, tan escasos como obstinados: un millar en los aledaños de la residencia oficial y doscientos miembros de su servicio de seguridad a las puertas. En la otra, las fuerzas del orden: una veintena de funcionarios de la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Cargos (CIO, por sus siglas en inglés) y 80 policías. Tras seis horas de discusiones y forcejeos se fueron los segundos sin haber ejecutado el primer arresto de un presidente surcoreano.
Sigue el país sumando capítulos disparatados desde que Yoon aprobara un mes atrás la ley marcial. No hay precedente de un presidente tan dañino en las cuatro décadas democráticas del país: a su partido, a su pueblo y a la justicia, a todos ha ignorado Yoon en una alocada carrera por eludir la cárcel. Sus tercas ausencias a las citaciones de la CIO motivaron el martes una orden de arresto que Yoon ha desdeñado como “ilegal” por venir de un órgano que, a su juicio, carece de competencias para delitos de insurrección. Es uno de los pocos que queda fuera de la inmunidad presidencial y está castigado con penas que alcanzan la cadena perpetua.
Es costumbre que las órdenes de detención sean ejecutadas de inmediato pero el CIO se ha demorado durante días por dirigirse contra un presidente aún nominal, aunque desnudado de funciones, y atrincherado. En una hoja había enviado ayer a sus fieles el mensaje de que lucharía hasta el fin “para proteger al país”. “Debido a las fuerzas internas y externas que infringen nuestra soberanía y a las actividades de grupos antiestatales, Corea del Sur está en peligro”, aseveró con los mismos argumentos gaseosos con los que había justificado su ley marcial en la noche del 3 de diciembre.
Se dirigía a ese millar de fieles juntados frente a su residencia oficial, ancianos y de extrema derecha, apenas una gota comparados con el océano de cientos de miles de surcoreanos de todas las edades y credos políticos que estas semanas han exigido frente al Parlamento su dimisión primero y su detención después. Superada esa barrera sin problemas, la policía se topó frente al edificio con una decena de vehículos aparcados y unas 200 personas dispuestas en cinturones. A cada avance policial respondieron con peleas hasta que a las 13.30 hora local se dieron por vencidos. Los acólitos del presidente sólo permitieron acercarse a tres fiscales para aclararles que no se entregaría.
La CIO pretende interrogar a Yoon en su sede del sur de Seúl y trasladarlo al centro de detención, donde dispondrá de 48 horas para decidir si prolonga su detención o lo libera. Pero primero tendrá que arrestarlo. La orden dictada el martes caduca el lunes, así que podría la policía intentar la entrada otra vez o esperar una nueva orden.
En paralelo a la investigación del CIO avanza el proceso en el Tribunal Constitucional que sellará o invalidará la destitución parlamentaria. Choi Sang-mok, tercer presidente en funciones en un mes y del mismo partido conservador que Yoon, permitió esta semana el nombramiento de dos de los tres jueces para cubrir las vacantes del órgano. Le iba el cargo en ello: a su antecesor le había destituido la oposición, mayoritaria en el Parlamento, por negarse. Apenas contaba el órgano con seis de sus nueve miembros por lo que la ratificación del “impeachment” exigía la unanimidad; ahora, con ocho jueces, las posibilidades se multiplican.
Tampoco la prensa conservadora secunda el olímpico desprecio de Yoon a las leyes y el sentido común. Su comportamiento es “profundamente inapropiado para un presidente con un pasado de fiscal”, según el diario ‘Chosun Ilbo’. El rotativo ‘Dong-A Ilbo’ afea a Yoon que contente a su sector más forofo en lugar de responsabilizarse de un “mes que ha dejado al país hecho pedazos. La situación, añade, “va más allá del bochorno y ha alcanzado un nivel deplorable”, sostiene.
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