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El Gobierno español acatará la orden de arresto internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que ha emitido este jueves la Corte Penal Internacional y que será enviada a los 125 países firmantes del Estatuto de Roma (base legal del tribunal internacional).
«España respeta la decisión de la Corte Penal Internacional y cumplirá con sus compromisos y obligaciones en relación al Estatuto de Roma y el Derecho Internacional», aseguran a este diario fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el que fuera su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en la guerra que ambos han liderado contra Hamás en Gaza desde el pasado 8 de octubre. También contra el líder palestino Mohammed Deif, que presuntamente ha sido asesinado, según el Ejército hebreo.
La Corte ha encontrado «motivos razonables» para creer que el señor Netanyahu y Gallant tienen «responsabilidad criminal como co-perpetradores de los siguientes crímenes, junto a otros: crimen de usar el hambre como arma de guerra, crímenes contra la humanidad por asesinato, persecución y otros actos inhumanos». También les considera, como máximas autoridades de la guerra, responsables de «ataques deliberados contra civiles».
Borrel dice que la UE debe aplicar la orden
El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional son «vinculantes» y por lo tanto los Estados miembros de la UE deben garantizar su aplicación, informa EFE.
«No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse», ha asegurado el jefe de la diplomacia europea en declaraciones desde Jordania, donde se encuentra de gira antes de abandonar el cargo, previsiblemente el próximo 1 de diciembre.
En este sentido, Borrell ha «tomado nota» de la orden y recordado que la decisión de la corte de La Haya es «vinculante» y todos los países de la UE, tanto en cuanto son miembros del TPI, «están obligados a aplicar esta decisión judicial».
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