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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ratificó este sábado el tratado de asociación estratégica integral firmado entre Moscú y Pionyang en junio pasado y que incluye una cláusula de asistencia militar mutua en caso de agresión, mientras Ucrania y Occidente denuncian la presencia de militares norcoreanos en territorio ruso.
El correspondiente documento, publicado en el portal de información legal del Estado ruso, establece que si una de las partes firmantes es objeto de un ataque armado, la otra le proporcionará inmediatamente asistencia militar y de otro tipo.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, firmaron el tratado durante la primera visita del jefe del Kremlin a Pionyang en casi un cuarto de siglo. Según Ucrania y algunos de sus aliados, Corea del Norte ha desplegado ya en Rusia unos 11.000 soldados.
Algunos de ellos se habrían incorporado ya a las tropas rusas que combaten al Ejército ucraniano en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania y ocupada parcialmente por las fuerzas de Kiev desde agosto. Rusia, que hasta ahora no ha confirmado ni desmentido la presencia de tropas norcoreanas en su territorio, asegura que el tratado con el régimen de Pionyang es de «naturaleza defensiva y no está dirigido contra la seguridad de terceros países».
El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, alertó este sábado en Kiev de que la incorporación de soldados norcoreanos a las tropas rusas que luchan contra Ucrania supone una «globalización de la guerra» que tendrá consecuencias tanto en la región como en el Lejano Oriente.
Borrell destacó la necesidad de incrementar la presión diplomática sobre Corea del Norte para evitar que Pionyang envíe a más soldados a combatir con Rusia y afirmó que su reciente viaje a Corea del Sur para coordinar reacciones con Seúl es un paso en este sentido.
El jefe de la diplomacia europea insistió en que los socios occidentales de Ucrania deben permitirle utilizar su armamento para atacar objetivos militares situados dentro de la Federación Rusa, una exigencia de Kiev que por el momento no ha recibido luz verde.
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