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Los planes del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían llegar a ser todavía más drásticos que los anunciados. Trump confirmó este lunes que utilizará a las Fuerzas Armadas e invocará una figura legal conocida como emergencia nacional, que otorga al mandatario poderes extraordinarios, con el fin de aplicar sus planes de deportación masiva de migrantes indocumentados.
Trump confirmó sus planes este lunes en su red social Truth Social, en la que reaccionó con un «¡CIERTO!» a una publicación del activista conservador Tom Fitton, quien este mes había asegurado que la nueva Administración estaba planeando «declarar una emergencia nacional y usar activos militares» para llevar a cabo las deportaciones.
La campaña de Trump no ha ofrecido públicamente detalles específicos sobre cómo se ejecutarán estas deportaciones, aunque esa fue una de sus principales promesas durante la campaña electoral. Para implementar este plan, Trump tiene previsto recurrir a la ley de emergencias nacionales de 1976, que otorga al presidente poderes extraordinarios y le permite esquivar al Congreso para tomar medidas ante lo que es percibido como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
El muro con México
Trump ya utilizó este recurso durante su primer mandato en 2019, cuando declaró una emergencia nacional para redirigir miles de millones de dólares asignados al Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo con México, una medida que enfrentó múltiples demandas judiciales.
A lo largo de su campaña, también prometió movilizar a reservistas de la Guardia Nacional para apoyar las deportaciones y sugirió incluso reubicar tropas estacionadas en el extranjero hacia la frontera sur de Estados Unidos para que aplicaran las leyes migratorias del país.
Estas medidas supondrían un cambio significativo en el papel que han desempeñado hasta ahora las Fuerzas Armadas, ya que la legislación estadounidense prohíbe estrictamente el uso del Ejército para labores de vigilancia nacional, según detalla en su web el Brennan Center for Justice.
En Estados Unidos se calcula que residen 11 millones de indocumentados y que estos planes de deportaciones masivas podrían afectar a 20 millones de familias, muchas de ellas con miembros que son ciudadanos estadounidenses, de acuerdo a la organización defensora de los migrantes America’s Voice.
Deportaciones y mano de obra
Esas deportaciones podrían costar miles de millones de dólares al año y provocar escasez de mano de obra en sectores clave de la economía que dependen de los migrantes indocumentados, como la agricultura o el sector servicios, según el grupo no partidista American Immigration Council.
Según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington, la Administración de Biden llevó a cabo más expulsiones de migrantes en situación irregular que la de Trump en el primer mandato. «Combinando deportaciones con expulsiones y otras acciones para bloquear la entrada de migrantes sin permiso a Estados Unidos, las casi 4,4 millones de repatriaciones del gobierno de Biden son ya más que cualquier mandato presidencial desde el gobierno de (el republicano) George W. Bush», que alcanzó 5 millones en su segundo mandato, señaló a finales de junio ese instituto.
Trump está dispuesto a sellar la frontera con México si es necesario para atajar de cuajo la llegada de inmigrantes ilegales. Para ello se prevé que retome la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes armados para hacer frente a los inmigrantes.
Bolsa en México y costes previstos
Intentará resucitar el programa ‘Quédate en México’, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera, prohibir las ciudades santuario, que protegen de la expulsión rápida, y suprimir «todos los beneficios federales y de asistencia social». Además, quiere poner fin o limitar otras vías legales de entrada como un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo (Estatus de Protección Temporal, TPS) o la posibilidad de solicitar cita a través de una aplicación de teléfono móvil o mediante trámites en los países por los que pasan.
Como consecuencia de todos estos planes, las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra importante. Un estudio publicado en octubre por la oenegé American Immigration Council evalúa el costo global en 88.000 millones de dólares por año, es decir, 967.900 millones en más de una década.
Trato de delincuentes
El papel de Tom Homan en todos estos planes de primordial. Este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración (ICE) quiere aplicar mano dura dentro y fuera del organismo. Homan es partidario de ser más estricto en materia migratoria y no tener rubor a la hora de tratar como delincuentes a los migrantes que intentan entrar ilegalmente en territorio estadounidense. Por ello, bajo su mandato los inmigrantes llegaban a perder la custodia de sus hijos. El presidente electo ha nombrado dos halcones: Kristi Noem a la cabeza del departamento de Seguridad Interior, encargado de la protección de aduanas y fronteras y de la gestión de la migración, y Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
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