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El Tribunal Supremo acogerá el próximo 5 de febrero, a partir de las 10.30 horas, la vista del recurso de casación interpuesto por Rafael Louzán ante su condena de inhabilitación para ocupar cargos públicos durante siete años. El aspirante a presidir la RFEF deberá defender su presunta inocencia en una vista pública, según han explicado fuentes del Supremo a El Periódico de España.
Louzán es el actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol y el candidato elegido por la mayoría de los presidentes territoriales de la RFEF para ser el heredero de Pedro Rocha. Un plan b que se puso en marcha después de que Rocha no consiguiera que la Audiencia Nacional le concediera medidas cautelares que dejaran en suspenso la inhabilitación de dos años que le impuso en julio el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).
La inhabilitación de Louzán
Los barones territoriales decidieron entonces cambiar a un inhabilitado por otro al elegir a Louzán como sucesor. Expresidente de la Diputación de Pontevedra y dirigente histórico del Partido Popular de Galicia, en mayo de 2022 fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante siete años por prevaricación. La Audiencia Provincial de Pontevedra le consideró culpable de apoyar una subvención de 86.311 euros para que una empresa ejecutara unas obras que estaban, en su mayor parte, ya en ejecución. Para mayor escarnio en el caso que ocupa, dichas obras eran para el acondicionamiento y mejora de un campo de fútbol, en la localidad de Moaña.
Después de que se conociera su condición de candidato respaldado por la mayoría de territoriales y, por tanto, favorito máximo a heredar el sillón de Rubiales y Rocha, el Gobierno filtró su intención de impugnar su candidatura ante el TAD, si esta llega a materializarse. Miguel Galán, azote federativo y el hombre que denunció con éxito a Villar, Rubiales y Rocha, también tiene intención de impugnar una potencial candidatura de Louzán.
Los estatutos de la RFEF recogen que un inhabilitado para ocupar un cargo público no puede ocupar ningún cargo en la institución, si bien Louzán defiende ante sus defensores que ese veto no es aplicable mientras la pena no sea firme. La inhabilitación sería firme si el Supremo desestima el recurso de casación que se verá el 5 de febrero, lo que le obligaría de inmediato, y sin espacio para la duda, a dejar cualquier cargo en la RFEF. La resolución del Alto Tribunal, no obstante, no tiene por qué adoptarse ese mismo día.
Dudas hasta última hora
Ante las dudas jurídicas que reviste su candidatura, y el desgaste de imagen para la RFEF que supondría un nuevo revés administrativo o judicial, los barones federativos están pergeñando un plan b al propio Louzán. Este pasa por presentar la candidatura del presidente de la Federación Extremeña, Sergio Merchán, que accedió a dicho cargo tras asumir su predecesor Rocha el mando de la RFEF.
En las últimas horas, se está deslizando la posibilidad de que Louzán retire su candidatura desde los círculos más próximos al ‘establishment’ federativo. Eso dejaría el camino limpio para el delfín de Rocha, sin manchas en su historial (al menos no conocidas), aunque con escasa experiencia en el mundo de la gestión federativa.
Mientras tanto, el empresario Juanma Morales trata de conseguir los 21 avales que le permitan presentar su candidatura alternativa antes de que termine el plazo establecido, este martes a las 23.59 horas.
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