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La vida de Simona Levi (Turín, 1966) está marcada por el activismo. Sus padres le pusieron ese nombre en honor a Simone de Beauvoir, la célebre intelectual feminista. En su familia despuntan los nombres de escritores y militantes antifascistas como Primo Levi, superviviente del Holocausto, o Carlo Levi. Ese legado combativo ha permeado en el ADN de la estratega tecnopolítica, residente en Barcelona desde 1990.
Ahora la también coordinadora de la plataforma para los derechos digitales Xnet ha publicado ‘Digitalización democrática‘ (Rayo Verde), un ensayo en el que denuncia la privatización de internet y aboga por la construcción de alternativas a la hegemonía de Silicon Valley. El próximo 9 de octubre organiza en la capital catalana la Conferència Europea 4D, un acto en el que explorar esos nuevos caminos.
Internet nació como un espacio libre y abierto, pero hoy dependemos de un puñado de grandes empresas. ¿Qué falló?
Fallaron las instituciones, que prefirieron vender a la población a esas corporaciones en lugar de asumir su responsabilidad. Se intenta culpar a la gente por ceder sus datos, pero hacen lo que pueden e incluso aquellos con conciencia sobre la privacidad no tienen alternativa. Lo peor es que esa alternativa existe, pero las instituciones prefieren operar como comerciales de las grandes tecnológicas. Dejemos de culpar a la gente para construir un mundo digital que sea auditable, transparente y democrático.
«Se intenta culpar a la gente por ceder sus datos, pero todo el mundo hace lo que puede. Lo peor es que esa alternativa existe, pero las instituciones prefieren operar como comerciales de las grandes tecnológicas»
¿A qué cree que se debe esa dejadez de funciones de la administración?
Llevo 40 años de activista y me encantaría decir que todo se debe a un plan de intereses muy organizado, pero la verdad es que, más allá de una parte de servidores públicos que hacen un esfuerzo titánico, el resto de la política es una mezcla destructiva de incompetencia y arrogancia. Muchos, cuando tocan poder son incapaces de reconocer que no conocen nada de ese ámbito [el tecnológico] y solo piden consejo a las multinacionales porque les ofrecen unas políticas empaquetadas. La política de educación la diseña Google y no el Gobierno.
La dejadez de funciones de las instituciones se debe a una mezcla destructiva de incompetencia y arrogancia
¿El dominio de gigantes como Amazon, Microsoft, Apple o Meta aboca a los ciudadanos al activismo?
Si, y lo cierto es que no hace falta inventar una nueva tecnología. El ‘software’ libre y auditable que puede sustituir el de las Big Tech ya existe, ya funciona y ya lo usan desde gobiernos a grandes multinacionales. Para escalarlo hace falta una inversión, de unos tres millones a nivel europeo. Los países deben poner en común sus esfuerzos de digitalización para que sea con código público y abierto.
En 2020 impulsasteis un proyecto para desplegar herramientas de ‘software’ libre en 10 escuelas de Barcelona y reducir así la dependencia de Google.
Si, lo impulsamos con la financiación inicial del Ayuntamiento, demostrando que ese ‘software’ libre es posible. Sin embargo, de momento no está recibiendo ninguna otra inversión, por lo que no lo podemos desplegar a todos los colegios aunque tengamos mucha demanda.
¿En qué estado se encuentra?
El año pasado firmamos un acuerdo con la Generalitat para ampliar el proyecto, pero también empezamos a hablar con ciudades de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Las negociaciones son muy lentas porque nosotros tenemos el prototipo y los estados quieren ser los primeros en empezar. Esa es otra perversión de la política: solo queremos que se reconozca nuestro trabajo y si después un país pone mucho dinero en el proyecto se puede llevar toda la gloria.
Una alternativa es posible. En la sociedad hay un sentimiento de impotencia, pero en realidad estamos avanzando gracias a la lucha
¿Qué peligro supone Google?
Con Google estamos perdiendo el derecho al secreto de las comunicaciones que ganamos con el correo postal el año 1705. Internet permite la comunicación entre pares y sin necesidad de un intermediario, pero Google mira toda nuestra correspondencia y si quiere la cede a la autoridad. Eso no responde a eficiencia, sino a una voluntad autoritaria. En 2010, la Generalitat firmó un acuerdo para que se instalase Gmail de forma gratuita en muchos de los servicios de la administración pública, pasando por delante de muchas otras empresas. Eso sucedió por culpa de una mala decisión política. Es hora de revertirla.
¿Es posible construir una alternativa al dominio de Silicon Valley?
Si, es posible. En la sociedad hay un sentimiento de impotencia, pero en realidad estamos avanzando gracias a la lucha. Quizás algunas leyes europeas son parches, pero son las mejores en la protección de la privacidad y nos ayudan a ir mejorando. La sociedad civil está haciendo muchas cosas, desde lanzar batallas legales a proyectos nuevos. En ella está el camino para revertir este camino a la distopía que proponen nuestras instituciones y los Elon Musk de turno.
Con las redes sociales nos dejamos deslumbrar y no se legisló hasta que el mal estaba hecho. ¿Se está repitiendo la historia con la IA?
Estamos poniendo la tirita antes de la herida, pero sin ser capaces de romper los monopolios de estas compañías. Una vez más, la comunidad del ‘software’ libre está creando una alternativa a ese modelo, pero los políticos solo hablan con OpenAI y todos estos señores mesiánicos que dicen que sin ellos el mundo se acabará. Nuestras instituciones de dejan deslumbrar. Tenemos que modificar la gobernanza porque siempre es la sociedad civil la que hace avanzar los derechos y debe ser escuchada como motor de cambio.
Aun así, y aunque se habla mucho de soberanía tecnológica, después vemos a Pedro Sánchez cerrar acuerdos para que Microsoft se encargue de la digitalización de la administración pública en España.
Esta historia ya la hemos visto con la invención de la imprenta. El resultado final fue el ‘copyright’, una alianza entre grandes poderes y los propietarios de las máquinas para que estos terminasen haciendo de policía. Esto que parece solo incompetencia, también es autoritarismo: una alianza para que el poder se mantenga de forma no democrática, lo privado mantenga el control sobre los contenidos y los datos, involucrando lo menos posible a la población. Además, como ofrecen de forma gratuita sus servicios se saltan todos los concursos públicos, con lo que destruyen el tejido emprendedor digital europeo. Si siempre das todo el trabajo a las Big Tech no permites que florezca el ecosistema local.
El problema no son las leyes, sino como se malinterpretan para que no cambie nada
La UE ha apostado por la regulación tecnológica. Sin embargo, el informe Draghi publicado a principios de mes, y que puede marcar el rumbo de la próxima Comisión Europea, ha dicho que esas normativas son «incoherentes y restrictivas» y que son un problema para la innovación…
Lo que es un obstáculo no es la ley sino por su falta de implementación. Cuando se traspuso el Reglamento General de Protección de Datos en España hablé con el responsable del PSOE porque no se estaba haciendo de forma correcta y no se protegía la libertad de expresión, aunque el texto original lo especificaba. Eso ha hecho que se utilice la normativa para impedir el acceso a información, lo que es demencial. Él me respondió que no hacía falta trasponerlo porque ya lo harían los tribunales, pero ahí solo pueden acudir los más ricos. El problema no son las leyes, sino como se malinterpretan para que no cambie nada.
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