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Mercenarios colombianos fueron reclutados por una empresa de Emiratos Árabes Unidos y transitaron por bases militares de ese país para apoyar a las tropas paramilitares que cometieron atrocidades en Sudán, reportó Human Rights Watch (HWR).
Una investigación elaborada por esta organización de derechos humanos indica que la empresa responsable de apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) en Darfur tiene vínculos con la familia que gobierna Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Según HRW, los hallazgos constituyen una prueba más del respaldo de EAU a las RSF, que han sido acusadas de crímenes de guerra durante el conflicto sudanés, incluida la masacre de civiles en la toma de la ciudad de El Fasher.
Sin embargo, las autoridades de EAU niegan las acusaciones de que combatientes extranjeros hayan sido reclutados y entrenados en su territorio.
En una declaración a la BBC, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país afirmó: «Emiratos Árabes Unidos no permite que su territorio se utilice para el reclutamiento, el entrenamiento, la financiación o el tránsito de combatientes extranjeros hacia ningún conflicto, incluido Sudán».
HRW entrevistó a mercenarios colombianos entre marzo y septiembre de 2025 y analizó fuentes abiertas para identificar ubicaciones clave y armas en videos e imágenes.
La guerra de Sudán estalló el 15 de abril de 2023, tras la creciente tensión entre las fuerzas paramilitares de las RSF y las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF).
Desde entonces, más de 150.000 personas han muerto a causa de la violencia y más de 12,9 millones se han desplazado para escapar del conflicto.
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«No nos sellaron los pasaportes»
El informe de HRW sigue los pasos de una investigación publicada el mes pasado por la organización de análisis de seguridad Conflict Insights Group (CIG), que también destacó la supuesta participación de mercenarios colombianos en Darfur, la región occidental de Sudán ahora controlada en gran parte por las RSF.
El reporte indica que se utilizaron aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos, Libia, Chad y Somalia como puntos de tránsito para los mercenarios antes de viajar a las líneas del frente en la región de Darfur.
«No nos sellaron los pasaportes», declaró un mercenario al grupo de derechos humanos, al describir su viaje a través de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos.
«Entramos y salimos, y había un autobús esperándonos para llevarnos a una base militar».
Las investigaciones de HRW apuntan a una compleja red de empresas colombianas y emiratíes que anunciaban «trabajos como pilotos de drones en África», dirigidos a exmilitares del ejército colombiano.
Una empresa emiratí, que se sospecha tiene vínculos con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, está acusada de utilizar «infraestructuras controladas por el Estado para trasladar a los contratistas militares colombianos a Sudán».
Se dice que Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi, reclutó a los contratistas colombianos que fueron desplegados en Sudán para «proporcionar a las RSF conocimientos tácticos y técnicos, desempeñando funciones de infantería y artillería, pilotos de drones, operadores de vehículos e instructores».
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Crímenes de guerra
Según los informes, los mercenarios fueron entrenados en instalaciones militares de EAU en Ghiyathi y Al Wathba antes de su despliegue encubierto en zonas de guerra de Sudán, donde se cometieron graves violaciones de los derechos humanos.
Entre los crímenes figuran ejecuciones extrajudiciales masivas, violaciones y abusos sexuales en grupo, esclavitud sexual, saqueos y destrucción de infraestructura civil.
Las acciones de las RSF provocaron indignación tras su violenta toma de la ciudad de El Fasher el año pasado.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Unhrc) estima que más de «6.000 personas fueron asesinadas en los tres primeros días de la ofensiva de la RSF».
«En noviembre y diciembre de 2025, seis residentes de El Fasher dijeron a Human Rights Watch que vieron a personas que creían que eran colombianas en la ciudad en octubre de 2025, cuando se estaban produciendo matanzas masivas», señala el informe de HRW.
Un sobreviviente detenido por las RSF citado en el informe dijo que vio a «combatientes extranjeros» que «observaban en silencio» mientras los hombres de las RSF abrían fuego contra la multitud.
Otro dijo que vio a «combatientes blancos» junto a los de las RSF que mataron a tres personas.
«Estaban allí cuando se produjeron las ejecuciones, pero no las perpetraron ellos».
El informe también apunta que se encontraron municiones pertenecientes a los arsenales de las fuerzas armadas de Emiratos Árabes Unidos tras la captura de mercenarios colombianos en Sudán.
Parte de las municiones fueron fabricadas en Serbia y Bulgaria, pero fueron adquiridas por EAU.
Fuente de la imagen, Reuters
Sanciones e investigaciones
HRW pidió a la ONU, la Unión Africana y a los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos que se pronuncien sobre la supuesta implicación de EAU en la guerra de Sudán.
En diciembre de 2025, Estados Unidos impuso sanciones a una red y a personas —principalmente de nacionalidad colombiana— que, según afirmó, reclutaban a exsoldados colombianos y los entrenaban para luchar en Sudán.
Una de las personas sancionadas era un antiguo oficial militar con doble nacionalidad colombiana e italiana, que ahora vive en EAU.
Las autoridades emiratíes le dijeron a la BBC que las acusaciones de que empresas de EAU estaban involucradas en el apoyo a las RSF fueron investigadas.
«En los casos en los que se han formulado acusaciones contra entidades específicas, las autoridades competentes han realizado investigaciones, incluso haciendo consultas a las empresas citadas en fuentes abiertas», declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
«Cualquier persona o entidad —emiratí o extranjera— que actuara de una manera que pudiera interpretarse razonablemente como apoyo operativo a un actor armado no estatal lo estaría haciendo sin autorización estatal, en violación de la ley emiratí, y estaría sujeta a investigación y enjuiciamiento penal».
El comunicado añade que el país «sigue comprometido» a colaborar con sus socios para «aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés», garantizando un alto el fuego duradero y ayudando a crear lo que denominó una «transición inclusiva, liderada por los sudaneses, hacia un gobierno independiente dirigido por civiles».
Desde el inicio del conflicto, más de 12 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y en algunas áreas del país se dan condiciones de hambruna, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.
Casi nueve millones de personas siguen desplazadas internamente.
En abril, la directora general de la OIM, Sung Ah Lee, dijo que «un gran número de personas» regresa a zonas de Jartum, la capital sudanesa, «donde las viviendas y las infraestructuras esenciales —como el agua, la sanidad y la electricidad— han sufrido graves daños».
«Muchos regresan porque creen que la seguridad ha mejorado», añadió.
El gobierno sudanés regresó oficialmente a Jartum en enero, después de que el ejército recuperara el control de la ciudad que estuvo en manos de las RSF el año pasado.
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