SANTO DOMINGO.– Un tribunal impuso prisión preventiva como medida de coerción contra Rafael Antonio Martínez Mendoza, gerente, representante y firmante autorizado de J. Armando López Holding Group, S.R.L., dentro de la investigación penal seguida por una presunta estafa millonaria relacionada con operaciones de préstamos, pagarés, hipotecas y actuaciones ejecutorias sobre bienes inmuebles.
La decisión judicial representa uno de los avances más relevantes dentro del proceso iniciado a partir de la denuncia presentada por Daniel Cordero Guerrero y otros afectados, quienes cuestionan la forma en que determinadas obligaciones financieras habrían sido documentadas, garantizadas y posteriormente reclamadas por la vía judicial.
Mientras Martínez Mendoza permanece sometido al proceso bajo la medida impuesta, José Armando López Pilarte continúa requerido por las autoridades dentro de la misma investigación, según las informaciones aportadas por la parte querellante.
El punto que concentra la investigación
Uno de los elementos centrales del expediente está relacionado con una operación de financiamiento que originalmente habría sido pactada por US$1 millón.
De acuerdo con la documentación invocada por los denunciantes, una decisión judicial habría establecido desembolsos comprobados por aproximadamente US$253,035.
Sin embargo, posteriormente habría sido instrumentado un pagaré por US$908,500, mientras que las reclamaciones vinculadas a la misma relación financiera habrían llegado a superar los US$6.7 millones, conforme sostiene la parte querellante.
La diferencia entre esas cifras se ha convertido en uno de los principales puntos que deberán ser esclarecidos por el Ministerio Público durante el desarrollo de la investigación.
La representación legal de los denunciantes sostiene que el caso no puede reducirse a una simple controversia sobre una deuda civil.
«Aquí no se está criminalizando una deuda. Lo que se está investigando es si se utilizaron documentos, garantías y procedimientos judiciales para hacer exigibles cantidades que no guardarían correspondencia con el dinero efectivamente desembolsado», expresó el abogado de la parte querellante.
Bajo la lupa: pagarés, hipotecas y ejecuciones
La investigación también procura determinar cómo fueron estructuradas las garantías hipotecarias, qué documentos sirvieron de soporte a las acreencias reclamadas y quiénes participaron en las distintas etapas de las operaciones cuestionadas.
Los denunciantes han solicitado que se establezca si existió una utilización irregular de pagarés, hipotecas, embargos, inscripciones registrales y procedimientos judiciales para intentar ejecutar bienes por montos superiores a los valores realmente entregados.
En ese sentido, el Ministerio Público deberá reconstruir la ruta financiera y documental de las operaciones, identificar a las personas que intervinieron en ellas y determinar el grado de participación individual que eventualmente pudiera corresponder a cada investigado.
José Armando López Pilarte continúa requerido
En paralelo al proceso seguido contra Martínez Mendoza, José Armando López Pilarte permanece requerido judicialmente, de acuerdo con la información suministrada por la parte querellante.
Contra López Pilarte habría sido emitida una orden judicial de arresto dentro de la misma investigación.
Según los denunciantes, hasta el momento no habría sido puesto a disposición de las autoridades, por lo que permanece pendiente la ejecución de la orden correspondiente.
Su eventual comparecencia podría resultar relevante para esclarecer aspectos relacionados con la negociación, documentación, constitución de garantías y posteriores reclamaciones económicas que forman parte del expediente.
Compradores del proyecto ATALIA también entran al caso
Otro de los componentes bajo revisión está relacionado con adquirientes de inmuebles del proyecto ATALIA.
La parte querellante sostiene que varios compradores habrían enfrentado dificultades en sus procesos de titulación o en el ejercicio de sus derechos de propiedad debido a cargas, hipotecas y otras actuaciones inmobiliarias relacionadas con el conflicto.
Los abogados anunciaron que varios de esos adquirientes podrían ser presentados ante las autoridades como testigos, a fin de establecer si las operaciones cuestionadas también produjeron consecuencias sobre terceros.
Más documentos serán depositados
La representación legal de los denunciantes informó que continuará incorporando al expediente contratos, movimientos y certificaciones bancarias, pagarés, comunicaciones electrónicas, certificaciones registrales, decisiones judiciales y testimonios.
El propósito, explicaron, es determinar con precisión cuánto dinero fue realmente desembolsado, qué obligaciones fueron generadas a partir de esas operaciones y cómo se produjeron posteriormente las reclamaciones millonarias.
«La investigación apenas comienza. Ahora corresponde seguir la ruta del dinero, revisar cada documento y establecer quiénes intervinieron en cada etapa de las operaciones investigadas», sostuvo la representación legal.
Los abogados de la parte querellante adelantaron que solicitarán profundizar las investigaciones a medida que sean incorporados nuevos elementos al expediente.
El Ministerio Público deberá determinar finalmente si los hechos denunciados configuran infracciones penales y cuál sería, en su caso, la responsabilidad individual de cada una de las personas investigadas.
La prisión preventiva impuesta a Rafael Antonio Martínez Mendoza constituye una medida cautelar y no una declaración de culpabilidad. Toda persona sometida a investigación mantiene la presunción de inocencia y cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada mediante sentencia definitiva de un tribunal competente.
