La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) anunció en su perfil oficial de Facebook la colocación de trampas químicas en sus subestaciones para identificar a quienes roben aceite dieléctrico de los transformadores, sumándose así a una estrategia que ya se aplica en otras provincias del país.
El texto oficial es escueto pero directo: «La Empresa Eléctrica de La Habana protege sus subestaciones a partir de la colocación de TRAMPAS QUÍMICAS que permitan la identificación de los actores ante posibles delitos de robo de aceite dieléctrico perteneciente a los transformadores».
¿Cómo funcionan las trampas?
La EELH no detalló el mecanismo exacto, pero el método ya fue descrito cuando autoridades de Jobabo, en Las Tunas, lo aplicaron en instalaciones fotovoltaicas apenas dos días antes del anuncio capitalino.
El periodista Yaidel Miguel Rodríguez Castro, de Radio Cabaniguán, explicó el funcionamiento: «Es un químico que se adhiere a la piel, no se ve a simple vista, sin embargo, al exponerse a luces ultravioletas se ven las marcas de contacto».
Ante quienes sugirieron que bastaba usar guantes para burlar la medida, el mismo periodista respondió: «Ahí está la ingenuidad, pensar que los guantes son una barrera».
Una estrategia que se extiende por todo el país
La capital no es pionera en este enfoque. En mayo de 2026, Las Tunas ya había anunciado trampas químicas en cooperación con el Ministerio del Interior tras acumular 11 robos de aceite dieléctrico y partes de transformadores.
El método invisible aplicado contra robos de paneles solares en Jobabo confirmó que la estrategia alcanza ya a toda la infraestructura energética del país, desde transformadores hasta instalaciones fotovoltaicas.
La reacción ciudadana: ironía y reclamos acumulados
La publicación de la EELH generó una mezcla de escepticismo, ironía y frustración acumulada en los comentarios.
Varios usuarios ironizaron con que el aviso público equivale a alertar a los propios ladrones: «Y ya les acaban de avisar para que vayan con guantes», escribió uno de ellos.
Otros aprovecharon para exigir la reparación de subestaciones que llevan meses fuera de servicio: la Apolo lleva inactiva desde el 3 de junio, y la que abastece Las Minas, La Gallega y Arango está inoperante desde el 22 de julio, sin solución a la vista.
Una usuaria apuntó además una contradicción que muchos comparten: «Pero no ponen trampas para los que roban electricidad y la venden».
El señalamiento refleja una realidad más amplia: mientras el régimen endurece las medidas contra el robo de infraestructura, la crisis eléctrica sigue sin resolverse. Este miércoles, Cuba registraba una demanda de 2,461 MW con una generación disponible de apenas 1,060 MW, y La Habana acumulaba 129 circuitos afectados.
El aceite dieléctrico, un botín con consecuencias devastadoras
Este fluido cumple funciones de aislamiento eléctrico y refrigeración en los transformadores; cuando se extrae, el equipo se sobrecalienta, sufre cortocircuitos y queda inutilizado, dejando comunidades enteras sin electricidad durante semanas o meses.
Pese a ello, tiene alta demanda en el mercado negro, donde se revende como lubricante o combustible sustituto para tractores a hasta 500 pesos cubanos por litro, en un contexto de escasez extrema de carburantes.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció ante la Asamblea Nacional que el volumen de aceite robado es «casi similar» al que se produce en el mismo período, y que algunos asentamientos han permanecido hasta 105 días sin electricidad por daños en transformadores difíciles de reponer.
Marco legal: de hurto a sabotaje
El Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular unificó la calificación jurídica de estos robos como sabotaje, con penas de 7 a 30 años de prisión, reclusión perpetua o pena de muerte en los casos más graves.
Según la Fiscalía General de la República, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional, más de 300 de ellas por sustracción de aceite dieléctrico, detectada en todas las provincias y en 97 municipios.
