En una alocución transmitida por redes sociales y medios de comunicación este domingo 13 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella expuso en nueve puntos los temas más importantes de su gestión en estos primeros 36 días de gobierno, haciendo especial énfasis en los aspectos económicos, de seguridad, relaciones con Estados Unidos y recuperación de zonas afectadas por el terremoto.
En medio de los anuncios también mencionó medidas importantes en temas críticos como la autonomía universitaria y el trato preferencial para los que denominó ‘ladrones de cuello blanco’ en casos de corrupción.
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En ambos frentes fue muy vehemente y anunció mano dura con el uso de la fuerza del Estado y el fin de tratos preferenciales judiciales y cárceles especiales para el primer y segundo de los temas, respectivamente.
Abelardo De la Espriella acusa a Gobierno de Gustavo Petro de saquear el erario público
El primer punto tratado en la alocución fue el de la grave situación fiscal que hereda, capítulo en el que volvió a mencionar directamente a Gustavo Petro a quien señaló de saqueo: “saquearon al país, saquearon al erario” dijo, mientras explicaba las razones detrás del «presupuesto de la verdad», tasado en 635 billones de pesos para el 2027.
Según su diagnóstico, el país enfrenta un escenario crítico donde 281 billones, correspondientes al 44 por ciento de esos recursos, provienen de endeudamiento, mientras que los ingresos corrientes apenas rozan los 300 billones.
Esto significa que por cada 100 pesos del presupuesto nacional, 24 se destinarán al pago de deuda y únicamente 14 quedarán disponibles para inversión pública.
El mandatario atribuyó esta crisis directamente a la administración anterior. Explicó que durante 2024 el recaudo de impuestos estuvo 71 billones de pesos por debajo de las proyecciones y advirtió que el cupo de endeudamiento diseñado para todo 2026 ya se había consumido en un 97 por ciento para el mes de agosto.
Frente a esta herencia, el jefe de Estado fue enfático: «ninguna crisis ni recesión del pasado se compara con el desastre económico que Gustavo Petro y su gente ocasionaron».
Además, señaló que en su primera semana de gobierno, el petrismo comprometió 10 billones de pesos, lo que calificó de robo masivo al erario, y sentenció: «No los voy a dejar tranquilos voy por todos ustedes».
Para mitigar el déficit, el actual Ejecutivo estructuró un plan de austeridad que contempla recortes por 17,4 billones de pesos. Estas reducciones se aplicarán en transferencias por casi 13 billones, recortes de 3 billones en compra de bienes y servicios, y 2,5 billones en proyectos de inversión no prioritarios.
No obstante, el presidente aclaró que incluyó partidas que habían quedado desfinanciadas, inyectando 6,5 billones adicionales para pensiones, 2 billones para el sistema de salud y 700.000 millones destinados a las universidades públicas.
Al justificar la necesidad de mostrar estas cifras reales, indicó que esta fue «la verdad que la izquierda radical y corrupta les escondió durante cuatro largos años».
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Autonomía universitaria: De la Espriella advierte que entrará a universidades para perseguir grupos ilegales
Otro de los anuncios que marcará la agenda nacional tiene que ver con las instituciones de educación superior públicas.
El mandatario ordenó la creación de un protocolo nacional de actuación que permitirá a la Policía Nacional intervenir directamente cuando se identifiquen alteraciones extraordinarias del orden, preparación de actos vandálicos o terroristas en el interior de los claustros.
Esta directriz, explicó el gobernante, no busca cercenar el derecho a la protesta pacífica ni el debate académico, garantías que aseguró serán plenamente respetadas.
Sin embargo, trazó una línea innegociable frente al uso de estos espacios para el almacenamiento de explosivos o la agresión sistemática contra la Fuerza Pública y la población civil.
Al respecto, argumentó que «la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución de la ley o de la autoridad legítima del Estado».
El jefe de Estado fue directo al advertir a las organizaciones que instrumentalizan los campus que no tolerará que estos lugares sigan operando como santuarios para la violencia.
Dejando claro que el Estado actuará con toda su capacidad operativa para restablecer la normalidad, advirtió a los violentos: «la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar«.
La alianza estratégica con Estados Unidos
En el plano diplomático, el Presidente resaltó los ‘Acuerdos de Barranquilla’, suscritos tras la reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
El mandatario explicó que este acercamiento se cimentó bajo tres pilares fundamentales: la reconstrucción de la patria, la recuperación de la economía y el blindaje de la seguridad del hemisferio, marcando una nueva hoja de ruta bilateral.
Uno de los componentes más robustos de este acuerdo es el Plan Patriota Siglo XXI. Esta iniciativa busca modernizar y fortalecer de manera integral las capacidades de la Fuerza Pública colombiana, focalizando esfuerzos en ciberdefensa, inteligencia, sistemas antidrones, radares, aviación, movilidad y fuerzas especiales.
Asimismo, se planteó un acuerdo plurianual para combatir toda la cadena del narcoterrorismo, desde el lavado de activos y los patrimonios criminales hasta las rutas internacionales.
En el aspecto económico y de cooperación reveló que Estados Unidos entregó 26,5 millones de dólares en asistencia inmediata por la emergencia del terremoto. A futuro, dijo, se espera movilizar una millonaria inversión privada hacia minerales críticos, tecnología e infraestructura.
Además, se oficializó que Barranquilla contará próximamente con un consulado estadounidense, lo que facilitará los trámites migratorios e impulsará el desarrollo empresarial local, todo bajo una relación basada en la soberanía y no en la subordinación.
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Megainversiones para el desarrollo del Chocó
En este apartado del reporte, De la Espriella dedicó un capítulo extenso a las nuevas políticas para el Pacífico, diseñadas tras una cumbre en Quibdó con los empresarios más importantes del país.
Allí se estructuró un paquete de inversiones en infraestructura vial que ronda el billón de pesos, articulado mediante el modelo de obras por impuestos. Este plan priorizará corredores estratégicos que se desarrollarán en Puerto Meluk, la Vía al Darién, El Cairo, Nóvita, San José del Palmar, Istmina, Ánimas, Quibdó, Tutunendo, y la optimización del aeropuerto de Bahía Solano.
La visión gubernamental para este departamento pretende romper el ciclo extractivista tradicional. El Presidente anunció el estudio de viabilidad técnica y ambiental para la construcción de un canal interoceánico en el Chocó, además de un régimen tributario especial para la minería y la instalación de una planta de procesamiento local de oro, cobre y platino.
«El Chocó no necesita más discursos sobre su pobreza necesita carreteras necesita energía agua potable», reflexionó el mandatario sobre el histórico abandono estatal.
El sector privado adquirió compromisos cuantiosos en la región, dijo. Se destinarán 20.000 millones de pesos para conectar a la empresa eléctrica departamental y otros 20.000 millones para su sostenibilidad.
Empresas como ISA y Bancolombia inyectarán 3.000 millones para soluciones de energía solar, mientras que Colombina, Tecnoglass y Bancolombia aportarán 5.000 millones como capital semilla.
A esto se suman 100 becas educativas otorgadas por Grupo Nutresa y Nubank, y la conformación de una gerencia especial liderada por el chocoano José Leonidas Tobón para garantizar la ejecución de cada promesa.
Lucha contra la criminalidad
A nivel de seguridad ciudadana y combate al crimen organizado, el balance de los primeros 36 días el presidente Abelardo De la Espriella presentó estadísticas precisas a la fecha.
Reveló que las autoridades han efectuado 17.014 capturas en todo el territorio nacional y que ha firmado 73 órdenes de extradición.
A su vez, informó que las acciones militares han logrado golpear las estructuras de 24 cabecillas narcoterroristas de alto valor; de estos, 19 terminaron tras las rejas y cinco más fueron dados de baja en enfrentamientos.
El listado de los jefes criminales neutralizados arranca con alias Bonito (Comandos de frontera), alias Tigre o Pintado (Frente Carolina Ramírez), alias Víctor, alias Ruso o Alemán (Frente 28), alias Águila (Segunda Marquetalia), alias Naim o Bendito Menor (Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) y el explosivista alias Max, dado de baja en zona rural de Jamundí, responsable de atentados contra la Escuela de la FAC en Cali, entre otros.
En operaciones conjuntas como Azarías, Amón y Orión, han caído decenas de delincuentes muertos en combate y la incautación de arsenales, incluyendo un cargamento de 17.000 detonadores, entre otros.
El golpe a las finanzas ilegales también se presentaron cifras. En un mes se incautaron 75.613 kilogramos de droga y 1.761 armas de fuego.
Adicionalmente, las tropas han erradicado 1.506 hectáreas de hoja de coca y lograron reducir el robo de hidrocarburos en un 24,94 por ciento, lo que equivale a 652.554 galones.
Sobre esta nueva dinámica operativa, el mandatario sentenció: «aquí se acabó la época en la que el Estado retrocedía mientras los criminales avanzaban».
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El choque de trenes por las decisiones judiciales
El presidente no evadió la controversia suscitada por fallos recientes de la justicia que, a su juicio, interfieren con el manejo del orden público.
Específicamente se refirió a la suspensión provisional de la aspersión aérea en Putumayo debido a una tutela, y a las restricciones impuestas a las Fuerzas Militares para realizar operaciones ofensivas aéreas sobre campamentos donde exista sospecha de la presencia de menores de edad reclutados.
El mandatario dejó en firme su respeto por la independencia de poderes, pero aclaró que usará todas las herramientas legales para que no se usurpen las funciones del Ejecutivo.
Frente a la orden de detener bombardeos, argumentó que proteger a los menores es una prioridad, pero se mostró crítico de lo que denominó “un incentivo perverso” para que los criminales utilicen a niños como escudos humanos.
«Respetar una decisión judicial no significa renunciar a controvertirla», puntualizó. Para el jefe de Estado, la respuesta gubernamental será aumentar la precisión de la inteligencia militar y no la parálisis operativa del Estado.
Reiteró que cualquier fumigación de cultivos ilícitos cumplirá con los estándares técnicos y ambientales exigidos, pero fue claro en que no renunciará a sostener esta lucha en los territorios.
Al respecto, concluyó que «un estado de derecho no puede convertirse en un estado sin autoridad».
Cárcel ordinaria para los corruptos condenados
En materia de política penitenciaria, el presidente notificó el fin de los tratos diferenciales para quienes han defraudado las arcas de la nación.
Emitió una orden perentoria para revisar y trasladar de inmediato a los condenados por corrupción que permanecen recluidos en estaciones de policía o guarniciones militares, sin cumplir los requisitos de ley para gozar de este tipo de estancias.
Durante su alocución, el mandatario hizo una cruda reflexión sobre las consecuencias reales de la corrupción, alejando este delito de la simple abstracción administrativa.
Detalló que desviar recursos públicos significa arrebatarle comida a los niños vulnerables, quitarle el acceso a una cirugía a un paciente que lucha por su vida o condenar a poblaciones enteras a vivir sin acueductos o vías dignas, y que por tanto, los corruptos deben pagar sus condenas en las inclemencias de las cárceles ordinarias y no con privilegio alguno.
Por ello, instó a las autoridades penitenciarias a evitar los tráficos de influencias a favor de estos reclusos, indicando que “la ley debe ser igual para todos el que se robe la plata de los niños de la salud de la educación o de las obras que necesita nuestra gente no tendrá consideración especial por haber usado saco y corbata para delinquir”.
El plan de choque para recuperación tras el terremoto
El recuento de las acciones estatales incluyó la atención humanitaria y de infraestructura por el sismo que sacudió recientemente al Chocó, Eje Cafetero y al Valle del Cauca, principalmente.
En el Quindío, dijo, el Gobierno ya dispersó ayudas monetarias mensuales por 787.907 pesos por núcleo familiar (sumando un total de 2.363.721 pesos para tres meses).
A nivel de reconstrucción material, se han despachado 152 toneladas de insumos, se proyectan 369 mejoramientos habitacionales con una inyección de 7.700 millones de pesos, y se dispusieron 160 apartamentos terminados en Bosques de Marsella en Quindío para las familias que perdieron todo.
En Buga se avanza en el mejoramiento de 110 casas por 2.500 millones de pesos, mientras que la Fundación Argos donará 1.000 viviendas, de las cuales 200 irán a municipios como Argelia, El Águila y El Cairo, reveló el Primer Mandatario.
También contó que se giraron 23.000 millones para reparar el colegio ITA en Buga y 10.000 millones para salvaguardar la infraestructura de dos colegios en riesgo de colapso en Quimbaya.
La estrategia contempla igualmente una reactivación económica para proteger el empleo. Se activaron bolsas de crédito de 40.000 millones de pesos a través de Bancóldex e iNNpulsa para socorrer a más de 1.800 comerciantes en el Valle, junto con millonarios recursos de Fontur para el sector turístico en Circasia y Filandia.
Frente a la magnitud del reto, el jefe de Estado fijó su postura: «no vamos a reconstruir para dejar las cosas como estaban antes del terremoto vamos a aprovechar esta tragedia para corregir problemas históricos y levantar mejor nuestros territorios».
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Banco de Talentos: nuevo enfoque meritocrático en el Estado
El cierre de la transmisión oficial estuvo marcado por los primeros frutos del llamado ‘Banco de Talentos de la Patria Milagro’.
Esta iniciativa estatal se diseñó con el propósito de captar perfiles altamente calificados, técnicos y con vocación de servicio, eliminando la vieja práctica de exigir recomendaciones políticas para ingresar a trabajar en los ministerios y entidades del orden nacional.
Hasta la fecha de la alocución, dijo De la Espriella, la convocatoria ya registraba 39 personas debidamente posesionadas en distintos cargos.
El mandatario informó que hay otras 174 hojas de vida que ya completaron su proceso de publicación y se encuentran a la espera de la firma de los decretos de nombramiento, abriendo las puertas del Estado a ciudadanos del común destacados por su conocimiento y preparación académica.
También reveló que 83 profesionales adicionales están siendo evaluados estrictamente para asumir jefaturas de control interno, un rol esencial para detectar irregularidades de forma temprana. «Aquí no buscamos palancas, buscamos talento, pasión y patriotismo», finalizó.
*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.
