Datos de pacientes de una compañía en Puerto Rico fue publicada en Internet por una organización internacional de “hackers”, que supuestamente fue desmantelada esta semana en una operación de las autoridades en varios países de Europa.
El jefe interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, identificó a la organización vinculada al caso de “secuestro de datos” como “Kill Security Ransomware Group” o “KillSec”.
En conferencia de prensa, Ramírez Carbó indicó que uno de los miembros, Fouad Eltibrizi, alias “Archduke” y de nacionalidad holandesa, fue arrestado ayer en la ciudad británica de Manchester, después de que fuera acusado por un gran jurado federal por acceder a computadoras sin autorización, causar daños, robar información, transmitir amenazas y extorsión.
De acuerdo con el fiscal, el acusado y otros cómplices seleccionaban los equipos de las víctimas y obtenían acceso explotando diversas vulnerabilidades. Luego, KillSec robaba los datos de las víctimas —a menudo información confidencial de empresas o clientes— y los almacenaba en un servidor en el extranjero.
Según los cargos, publicaban una parte de los datos en una página de KillSec en la “dark web” y, posteriormente, contactaban a las víctimas para exigir un “rescate” o un pago a cambio de devolverles los datos. Asimismo, amenazaban con publicar o vender la totalidad de la información en la “dark web” si las víctimas no accedían a sus demandas.
Ramírez Carbó señaló que, según la investigación, en marzo de 2025, KillSec publicó en su sitio de filtración que habían afectado el acceso a datos en Puerto Rico.
Luego, le dio a la empresa víctima una cuenta regresiva de siete días para cumplir con sus demandas de rescate.
Ramírez Carbó no quiso revelar la compañía afectada en la isla, pero en la conferencia de prensa se informó que la filtración contenía muestras de datos robados de “pacientes” en Carolina. El pliego acusatorio se refiere a la compañía como I.D.O.
“La información robada por KillSec incluía datos, información personal y datos de clientes de la empresa”, comentó.
La acusación apunta que la empresa afectada no respondió a las demandas por lo que KillSec publicó aproximadamente 180 gigabytes de datos robados.
La acusación también describe acciones similares en los estados de California, Washington y Luisiana.
Ramírez Carbó destacó que esos “hackers” extorsionaban a las víctimas exigiendo pagos de “cientos de miles y millones de dólares”.
Tras notificar a las autoridades, comenzó una investigación que se unió a otras y resultó en el operativo denominado como “Kill Switch”, con agentes de distintas agencias en varios países de Europa, que incluyó la desactivación de la página de KillSec en el “dark web”, asegurando al menos 110 “terabites” de información.
Además de Eltibrizi, otras dos personas se encuentran bajo detención preventiva, les ocuparon los servidores que usaban para guardar datos de sus víctimas, mientras que les ocuparon una cantidad que no precisó de criptomonedas.
También llevaron a cabo allanamientos en ocho propiedades en Grecia, Rumanía, España, Alemania y Reino Unido.
“Este caso tiene víctimas y coconspiradores alrededor del mundo”, dijo el fiscal.
En el operativo participaron agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que fue contactado por la compañía afectada.
“A este grupo se le atribuyen unas 500 víctimas y alrededor de 1,000 presuntos ataques a nivel mundial. Ese número puede cambiar, dependiendo del análisis de la evidencia que recogimos en esos allanamientos”, dijo Carlos Goris, jefe del FBI en Puerto Rico.
No se reveló la cantidad de dinero que exigieron a la compañía en Puerto Rico. En cambio, la acusación detalla que a la empresa P.B.C. en California le pidió inicialmente $100,000 pero fue reducida tras una negociación a $20,000, lo que fue pagado en Bitcoin en noviembre de 2025.
En el caso de la entidad A.A. en Luisiana, KillSec exigió $1.5 millones, que luego redujo a $700,000, pero al final la cantidad no fue pagada.
Eltibrizi se encuentra detenido en el Reino Unido para ser extraditado a Puerto Rico, donde se expone a un máximo de 10 años de prisión.
Se enfrenta a 10 años de cárcel, mientras que no se descarta que enfrente cargos en otras jurisdicciones.
