Altos cargos del Hospital Carlos Roberto Huembes, bajo el control de la Policía Nacional, han sido detenidos en los primeros días de noviembre de 2026, tras los resultados de una auditoría de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que reveló la existencia de desvíos de fondos, sobresueldos en el hospital, y actos de “corrupción no autorizada”, según fuentes cercanas de la institución.
La auditoría y posteriores detenciones, según las fuentes, son parte de la intervención ejecutada por la “copresidenta” Rosario Murillo sobre la Policía Nacional.
Entre los detenidos está el director del hospital, comisionado general Julio César Paladino, quien permanece bajo “casa por cárcel”. El alto oficial es, además, director de la División de Servicios Médicos Policiales y rector de la Universidad de Ciencias Médicas y Enfermería, y se encargaba también de supervisar directamente la salud del dictador nicaragüense y esposo de Murillo, Daniel Ortega Saavedra.
También están detenidos el subdirector financiero del hospital, comisionado mayor Jorge Rivas Castillo, y su esposa, la comisionada Aracely Solís, quien es jefa del Departamento de Enfermería del Hospital de la Policía.
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Solís es hermana de Rosa Solís, madre de los hijos del comediante y exdiputado sandinista, Evert Carcamo, que permanece detenido desde marzo de 2026.
Las fuentes afirman que también fue detenida Jana Briceño Lewites, jefa del área de finanzas del hospital. La financiera trabajó en la sancionada Albanisa, el conglomerado de empresas propiedad de la familia dictatorial. Briceño es sobrina del fallecido Herty Lewites, exalcalde de Managua y precandidato presidencial del MRS en 2006.
El 13 de marzo de 2020, el Hospital Escuela Carlos Roberto Huembes fue traspasado al Ministerio de Gobernación (Hoy Ministerio del Interior) tan solo ocho días después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a la Policía Nacional de Nicaragua.
A pesar que fue traslado al Ministerio de Gobernación, el hospital siguió bajo el control que ya ejercía la Policía, según consta en las notas de prensa de esta institución y de los medios de propaganda, quienes citan a los directores ahora encarcelados.
Traspaso al INSS
Tras publicarse el arresto de los altos oficiales policiales, la dictadura divulgó un comunicado en el que confirmó el traspaso del Hospital Carlos Roberto Huembes a la empresa Servicios Médicos Especializados (SERMESA), que es propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
En el comunicado explicaron que la decisión se tomó “luego de culminar distintos procesos de verificación y validación sobre los servicios que brinda el hospital”.
Luego de esos “procesos” decidieron “trasladar la dirección y manejo del hospital para garantizar la mejor atención posible”, según el régimen.
En la nota de prensa no informaron sobre las detenciones, pero sí admitieron que el hospital de la Policía tendrá “una nueva gerencia y administración”.
“El traslado del Hospital a SERMESA es un golpe durísimo a la Policía y su sistema de seguro social”, comentó una de las fuentes.
Las fuentes señalaron que la intervención en el hospital de la Policía ha “provocado temores” de que ocurra algo similar en el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, administrado por el Ejército de Nicaragua, sin embargo, hasta ahora Rosario Murillo administra la relación con el Ejército a través del General Julio César Avilés.
“Aunque el Hospital Militar tiene un piso entero con servicios médicos a disposición del copresidente Ortega, la compañera ha decidido mantener la atención médica de Ortega de forma exclusiva en el hospital de la Policía, que está bajo su intervención”, comentó una fuente médica del Roberto Huembes.
La intervención de la Procuraduría
En los últimos años, la PGJ ha realizado intervenciones en varias alcaldías de Nicaragua que acabaron con la destitución de los dirigentes electos. También ha intervenido universidades, y ha realizado investigaciones contra el ex asesor presidencial Bayardo Arce, preso en la cárcel modelo y condenado por presunto “lavado de activos”.
La “superprocuraduría” está al mando de Wendy Morales, quien responde a las órdenes directas de Rosario Murillo. Así, la Procuraduría, que nació como “el abogado del Estado”, se ha convertido en el verdugo de turno de la dictadura en Nicaragua, a cargo de vigilar y despedir a trabajadores públicos de cualquier rango, ganando más poderes, como un monstruo que engulle institutos, direcciones y ministerios, y confisca ilegalmente propiedades.