
Lo que está en juego en la Universidad de Los Andes, núcleo Pedro Rincón Gutiérrez en el Táchira, no es una diferencia de décimas electorales. Es el riesgo de que el gobierno de Delcy Rodríguez utilice una controversia reglamentaria como pretexto para intervenir la autonomía universitaria e imponer una solución favorable a sus intereses políticos.
En las elecciones del pasado 11 de noviembre, Omar Pérez Díaz, actual vicerrector encargado y figura de conocidas vinculaciones con el chavismo, enfrentó al profesor Douglas Barboza. La Comisión Electoral Central, interpretando el reglamento electoral y la normativa interna vigente, determinó que correspondía una segunda vuelta. Pérez Díaz rechaza esa decisión y exige su proclamación inmediata, invocando una diferencia de 50,13 % frente a 49,87 %.
Pero una universidad no puede reducir la legitimidad de sus autoridades a una operación aritmética. El vicerrector decano debe ser expresión de una mayoría universitaria reconocible, no simplemente de una ventaja decimal controvertida. Precisamente para resolver situaciones de esta naturaleza existen normas electorales cuya interpretación y aplicación corresponde, en primera instancia, a los organismos universitarios competentes.
La segunda vuelta ofrece, además, una oportunidad para corregir las condiciones de desigualdad denunciadas durante la primera elección. Douglas Barboza acusó a su adversario de utilizar recursos institucionales, medios de comunicación universitarios y mecanismos de presión sobre estudiantes y trabajadores. También denunció la movilización de electores mediante recursos gubernamentales.
Particularmente graves son los señalamientos sobre la participación de estructuras dependientes de la Gobernación del Táchira y de organismos educativos nacionales para favorecer a Pérez Díaz en una operación coordinada por el gobernador del Táchira, el chavista Freddy Bernal. Estas denuncias plantean interrogantes sobre la intervención del aparato político chavista en una elección que debería pertenecer exclusivamente a la comunidad universitaria.
La segunda vuelta permitiría establecer controles institucionales y académicos para impedir la repetición de los abusos denunciados: neutralidad de las autoridades encargadas, prohibición del uso electoral de recursos públicos, igualdad en el acceso a los medios universitarios y garantías contra cualquier presión sobre los votantes.
Sin embargo, el peligro mayor aparece con la amenaza de trasladar la controversia al Tribunal Supremo de Justicia, controlado, por supuesto, por el chavismo. Una intervención de la Sala Electoral podría paralizar indefinidamente el proceso y abrir espacio para actuaciones del Consejo Nacional de Universidades o del Ministerio de Educación Universitaria. Sería una oportunidad para que el poder político desconociera a la Comisión Electoral y terminara decidiendo desde Caracas quién debe dirigir la ULA Táchira. Esto equivaldría a un asalto a la autonomía universitaria con propósitos estrictamente partidistas.
Lo justo y razonable es que sea la propia comunidad universitaria, siguiendo sus reglamentos, quien dirima esta controversia. Que se celebre una segunda vuelta justa, transparente y sin ventajismo es lo menos que se puede pedir. Pero, sobre todo, que sean los universitarios quienes decidan libremente quién debe dirigirlos.
Si Pérez Díaz tiene la certeza de contar con el respaldo mayoritario de esa comunidad y desea despejar las graves denuncias de ventajismo que pesan sobre su candidatura, debería ser el primero en apoyar con entusiasmo la celebración de una segunda vuelta. ¿Qué mejor oportunidad para demostrar que su legitimidad proviene de los universitarios y no de las estructuras del poder político?
Uno de los dos, Omar Pérez Díaz o Douglas Barboza, deberá dirigir la ULA Táchira. Pero quien resulte electo debería hacerlo sin cargar con la sombra del ventajismo ni con las sospechas de una imposición política. Su autoridad debe descansar en el respeto y reconocimiento de la comunidad universitaria, no en una sentencia judicial que sustituya su voluntad.
Después de 18 años sin elecciones, sería una ironía cruel que la renovación democrática terminara secuestrada por los mismos mecanismos de poder que han contribuido a prolongar los interinatos universitarios.
Porque el verdadero dilema no consiste en determinar quién ganó por una décima, sino quién tiene la última palabra en la Universidad de Los Andes, núcleo Táchira: su comunidad académica o el poder político chavista.
