JURISTAS ADVIERTEN SOBRE LOS PELIGROS DE DEPOSITAR RECURSOS A PERSONAS O ENTIDADES NO SUPERVISADAS

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso aseguró que los altos niveles de rentabilidad, por encima de los ofrecidos por el mercado formal, son el primer indicio de que un esquema financiero puede ser fraudulento.  

SANTIAGO, RD.- Varios juristas – miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial – se unieron a los esfuerzos que lleva a cabo la Superintendencia de Bancos (SB) para alertar a la población sobre los riesgos de realizar depósitos en empresas o a individuos sin la debida regulación ni supervisión de los organismos correspondientes del Estado. 

En ello coincidieron Yeni Berenice Reynoso, procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Sourelly Jáquez Vialet, procuradora de corte, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Osvaldo Bonilla Hiraldo, procurador fiscal titular de la Fiscalía de Santiago; José Saúl Taveras Canaán, juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, y Rubén Darío Rodríguez Cuello, juez sustituto del presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago. 

Los juristas participaron en la conferencia Desafíos de la persecución de los delitos financieros, organizada por la SB y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el campus de Santiago de la alta casa de estudios. El evento respalda la iniciativa  Misión Centinela de la Superintendencia de Bancos, cuyo fin es informar y educar sobre los riesgos de la colocación de recursos en entidades que no están debidamente supervisadas. Con esto el ente supervisor procura reducir el riesgo de que agentes económicos no autorizados se aprovechen de la falta de información del público para realizar actividades al margen de la ley, incluyendo delitos como robos, fraudes y abusos de confianza.  

Durante su intervención, Yeni Berenice Reynoso aseguró que este tipo delitos pueden suponer daños cuantiosos para las víctimas, muchas de las cuales pierden el patrimonio acumulado con esfuerzo durante toda su vida. 

Por ello, aconsejó a la población que realice las debidas averiguaciones con los organismos supervisores del Estado antes de realizar depósitos o inversiones (en el caso de la SB, pueden consultar la lista de entidades supervisadas). “El primer indicio para detectar una estafa financiera es la alta rentabilidad en poco tiempo. Ganar dinero lícito nunca ha sido ni será una tarea fácil y menos en poco tiempo”, recalcó la directora de Persecución del Ministerio Público. 

De su lado, Bonilla Hiraldo, fiscal de Santiago, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los mecanismos judiciales para lograr que las víctimas sean resarcidas mediante la recuperación de su patrimonio.  

Mientras que la fiscal Jáquez Vialet abogó por que la legislación y los esfuerzos de persecución brinden mayor protección a las personas jurídicas que sean víctimas de delitos financieros.  

El juez Rodríguez Cuello resaltó el amplio potencial de los delitos financieros para lesionar el bienestar de terceros. En tanto que el también juez Taveras Canaán enfatizó que la lucha contra este tipo de delitos no recae únicamente en el incremento del número de jueces y fiscales, sino en la necesidad de reforzar las soluciones alternativas de conflicto.  

Además de los panelistas invitados, la actividad contó con las intervenciones de miembros de la SB, encabezados por el intendente de Bancos, Julio Caminero; la consultora jurídica, Luz Marte; el subconsultor jurídico, Kharim Maluf Jorge; y el abogado sénior Joham González.  

Por parte de la PUCMM intervino Julio Ferreira, vicerrector académico, mientras que el acto de bendición de la actividad estuvo a cargo de monseñor Tomás Morel, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. 

A la actividad, realizada en Teatro de la PUCMM, asistieron alrededor de 300 personas, entre ellos, estudiantes, académicos y miembros de la comunidad jurídica del Cibao. 

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