Human Rights Watch: prohibición del aborto en RD pone en peligro la salud

La prohibición total del aborto en República Dominicana representa una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y vulnera sus derechos, consideró la organización Human Rights Watch en un informe divulgado ayer, en el que también reclama la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por parte del Congreso Nacional.

En el informe “Es tu decisión, es tu vida: la criminalización total del aborto en la República Dominicana” se documentan casos de mujeres y niñas que enfrentaron embarazos no deseados con abortos clandestinos, “a menudo asumiendo un grave riesgo para su salud y la vida”.

“Muchas experimentan complicaciones de salud a raíz de abortos practicados en condicione inseguras, y algunas incluso mueres. Algunas mujeres y niñas sufren abusos, desatención o maltrato por parte de proveedores de la salud. La prohibición no impide que haya abortos, sino que hace que sean clandestinos e inseguros”, subrayó Margaret Wurth, investigadora sobre Derechos de la  Mujer de la organización internacional.

Wurth apuntó que el Congreso Nacional debería despenalizar el aborto y asegurar que las mujeres y niñas tengan acceso a abortos seguros y legales, “practicados por proveedores capacitados, en vez de dejar que tengan que recurrir a métodos clandestinos inseguros”

Para el estudio, la organización entrevistó en cuatro provincias a 50 mujeres y niñas de entre 15 y 43 años, que en todos los casos habían estado embarazadas al menos una vez, así como a decenas de proveedores de la salud y de servicios sociales y otros expertos.

Wurth informó, a partir de datos del Ministerio de Salud Pública, que al menos el 8% de las muertes maternas en el país son provocadas por complicaciones debido a abortos ilegales o espontáneos, y que además cada año 25 mil mujeres y niñas siguen solicitando atención médica en el sistema de salud pública debido a complicaciones relacionadas con abortos inducidos o espontáneos”.

Situación penal

El Código Penal dominicano prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y niñas que induzcan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los practiquen, sin embargo, no es habitual que se procesen penalmente los casos de aborto.

“Debido a las sanciones, los proveedores de la salud no pueden interrumpir embarazos cuando sería aconsejable hacerlo según criterios médicos, sin poner en riesgo sus carreras ni exponerse a penas de prisión”, manifestó Wurth.

La representante de la organización dijo en ese sentido que “el Congreso tiene una oportunidad de promulgar reformas largamente esperadas al Código Penal de al República Dominicana y despenalizar el aborto, o al menos liberalizar su acceso. Las mujeres no deberían esperar más para que el gobierno garantice sus derechos sexuales y reproductivos”.

Iglesia Católica se manifiesta en contra

Ayer miles de feligreses de la Iglesia Católica marcharon en diferentes puntos del país  a favor de que se preserve la vida de la madre y la del bebé, en las que abogaron por el apoyo de los legisladores para prohibir el aborto.

La actividad denominada “Un paso por mi familia” se llevó a cabo por séptima vez a nivel nacional. En Santo Domingo se realizó en la avenida George Washington.

El acto concluyó con la celebración de una Eucaristía, oficiada por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Jesús Castro Marte.

Durante la homilía, el obispo Castro Marte pidió al Congreso Nacional no olvidarse de los niños por nacer en el país, ya que “entre todos los pobres, son los más pobres, porque ni siquiera tienen voz para defenderse”.

“No es progreso o modernidad pretender resolver problemas matando la vida humana, un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo desde la concepción”, expresó.

vía:elcaribe.com.do

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