WASHINGTON . Quitar el mensaje. Volver a publicarlo. Dejar de vigilar el discurso. Acallar a los extremistas.
Es apenas una muestra de los reclamos imperiosos y frecuentemente contradictorios que reciben las empresas tecnológicas y sus redes sociales en su intento de supervisar el contenido del internet sin violar los derechos constitucionales de libertad de expresión. El péndulo se ha inclinado últimamente por limitar el discurso de odio que pudiera generar violencia, tras una masacre en Texas precedida por la publicación online de un manifiesto racista del presunto autor.
Para Facebook, Google, Twitter y otros, es una situación imposible, con el fondo de un coro incesante del presidente Donald Trump y sus aliados que acusan a las redes de tendenciosidad contra la derecha. Ahora que los reguladores y legisladores en Washington pasan el peine fino a sus prácticas empresarias, las compañías tecnológicas se cuidan de dar pasos en falso, pero se encuentran con críticas a cada vuelta de la esquina.
“Hay un límite tenue entre el discurso repugnante u ofensivo y el discurso político que a uno no le gusta. Esas líneas se difuminan”, dijo Jerry Ellig, exfuncionario de la Comisión Federal de Comercio y ahora profesor en el Centro de Estudios Regulatorios de la Universidad George Washington.
Por mucho tiempo las empresas que manejan las plataformas de redes sociales han gozado de amplia inmunidad por el contenido que publican. La Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 les proporciona un escudo legal tanto para lo que publican como para eliminar lo que consideran ofensivo. Sean mensajes, videos, comentarios de usuarios sobre restaurantes o médicos, o avisos clasificados, la protección que gozan de las demandas y acusaciones ha sido un pilar de las redes sociales e indudablemente ha contribuido a su crecimiento.
Pero en el clima reinante de hostilidad hacia las grandes empresas del sector, esa protección legal es objeto de estudio.
El senador Josh Hawley, un republicano de derecha sin pelos en la lengua, presentó hace unos meses un proyecto de ley que obligaría a las empresas a demostrar a los reguladores que no hay tendenciosidad política en la filtración de su contenido. A falta de una certificación oficial de ausencia de tendenciosidad, la red social perdería su inmunidad frente a una medida judicial. Resta por verse si semejante sistema es acorde con la Primera Enmienda constitucional, que garantiza la libertad de expresión.
El proyecto de Hawley recibió la respuesta enérgica de Michael Beckerman, titular de la gran cámara industrial Internet Association. Dijo que obliga a las plataformas a “efectuar una elección imposible: aceptar discurso objetable pero protegido por la Primera Enmienda o perder las protecciones legales que les permiten atemperar el contenido ilegal como el tráfico de seres humanos y el extremismo violento. Eso no debería ser una alternativa”.
El problema de la tendenciosidad persigue a Silicon Valley desde hace años, aunque no hay pruebas contundentes de que afecte los algoritmos de búsqueda en Google o lo que ven los usuarios en Facebook, Twitter o YouTube.
Pero eso no satisface a los críticos de derecha, incluso la Casa Blanca, donde Trump prometió el mes pasado en una “cumbre de redes sociales” explorar “todas las soluciones regulatorias y legislativas para proteger la libertad de expresión y los derechos de libertad de expresión de todos los estadounidenses”. Aunque nadie entró en detalles, la declaración apunta en la dirección del proyecto de Hawley.
Vía: www.diariolibre.com
