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Islamabad lanzó nuevos ataques aéreos sobre territorio afgano en la madrugada del miércoles, en la escalada más grave desde que ambos países acordaron en abril no intensificar su conflicto. El gobierno talibán confirmó que los bombardeos impactaron en las provincias orientales de Khost, Kunar y Paktika, y causaron la muerte de 13 personas, entre ellas 11 niños, una mujer y un anciano, con 14 heridos adicionales. Pakistán admitió los ataques, aunque aseguró que sus fuerzas apuntaron a infraestructuras terroristas y que los muertos eran 26 militantes.
La cifra de víctimas ilustra una constante siniestra del conflicto: ambas partes presentan recuentos radicalmente distintos. Kabul documenta civiles; Islamabad contabiliza combatientes. La realidad suele quedar sepultada entre versiones oficiales de dos gobiernos en guerra abierta a lo largo de los 2.600 kilómetros de frontera compartida.
En Khost, cientos de personas asistieron a los funerales de nueve víctimas, según AP. Siete eran niños de entre 3 y 15 años; los otros dos, una mujer y un hombre. Todos pertenecían a la misma familia y murieron cuando su vivienda se derrumbó por el impacto del bombardeo. “En la familia de mi tío solo sobrevivieron dos de sus hijas. El resto fue martirizado”, declaró un familiar identificado como Talib Gul. Un segundo ataque destruyó otra casa de la misma familia y mató al ganado, pilar de la economía rural.
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La cancillería afgana convocó al encargado de negocios pakistaní en Kabul para protestar por la “violación del espacio aéreo afgano y el bombardeo de hogares de civiles inocentes”, según declaró el portavoz adjunto Zia Ahmad Takal, e instó a Islamabad a “buscar una solución de fondo a sus problemas internos”. El ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar, respondió en X que los ataques destruyeron un centro de entrenamiento, un refugio, un depósito de municiones y una instalación de comandantes, y prometió que la campaña antiterrorista continuará “a pleno ritmo”.
Los bombardeos se produjeron un día después de que presuntos militantes del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) atacaran un puesto en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa y mataran a seis miembros de la Constabularia Federal. El TTP es un grupo distinto, aunque aliado, del Talibán afgano, que tomó el poder en 2021 tras la retirada de las tropas estadounidenses. Kabul niega dar cobijo al grupo y sostiene que se trata de un problema doméstico pakistaní.
El deterioro de las relaciones se aceleró en octubre de 2025, cuando Pakistán inició una serie de ataques que mantienen cerrada la frontera y paralizan el comercio bilateral. En febrero de 2026, Islamabad declaró estar en “guerra abierta”. El momento más grave llegó en marzo: un bombardeo destruyó un centro de rehabilitación de drogodependencias en Kabul; el gobierno talibán contabilizó más de 400 muertos, cifra que Pakistán rechazó.
China medió en abril y convocó a ambas delegaciones en Urumqi. Tras siete días, Beijing anunció que las partes acordaron no escalar el conflicto y explorar una solución integral. La ONU informó que los combates han desplazado a 94.000 personas y dejado sin acceso a otras 100.000 en distritos fronterizos. Los ataques del miércoles demuestran que ese compromiso no sobrevivió dos meses.
Mientras Islamabad sostiene que sus operaciones continuarán hasta eliminar los santuarios terroristas, el Talibán afgano ha respondido históricamente con ataques a puestos militares pakistaníes en las horas o días siguientes. La pregunta ya no es si habrá represalia, sino si la frágil arquitectura diplomática de Urumqi puede resistir un nuevo ciclo de violencia.
