En los cinco años transcurridos desde la caótica retirada de Estados Unidos de Kabul y el regreso de los talibanes al poder, Afganistán se ha convertido en el escenario de una de las peores crisis humanitarias y de derechos humanos del mundo.
Afganistán y su pueblo, que alguna vez fueron piezas clave de la política exterior de Estados Unidos —donde los contribuyentes pagaron US$ 2,3 billones por una guerra de 20 años—, han desaparecido en gran medida del foco de atención mundial, a pesar de la confluencia de crisis provocadas por el hombre y desastres naturales que han llevado a millones de niños al borde de la inanición y han privado a mujeres y niñas de sus derechos más fundamentales.
Los donantes internacionales han recortado drásticamente la ayuda humanitaria a Afganistán, necesaria para aproximadamente el 45 % de la población, desde el regreso de los talibanes al poder, y son las mujeres y las niñas quienes más sufren las consecuencias de estos recortes. Estados Unidos, que llegó a ser el principal proveedor de asistencia al país, ya ni siquiera figura entre los cinco mayores donantes.
Este desplome de la ayuda se produce mientras los talibanes mantienen un ataque constante contra los derechos de mujeres y niñas, socavando las protecciones legales y privándolas sistemáticamente de su autonomía bajo un sistema que los expertos han calificado de “apartheid de género”. Sus acciones han logrado borrar a la mitad de la población de la vida pública y convertir a Afganistán en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser mujer.
“Para ser muy franco: ser mujer en Afganistán es un infierno”, declaró el jueves a CNN John Sopko, exinspector general especial para la Reconstrucción de Afganistán.
“Y no veo a la comunidad internacional —y desde luego no veo a este Gobierno, la administración Trump— haciendo nada, absolutamente nada al respecto. Más bien al contrario: están agravando la situación para la pobre gente de Afganistán”, añadió Sopko, en referencia a la decisión del presidente estadounidense de cancelar, a principios de 2025, casi todos los contratos de ayuda humanitaria y desarrollo de la USAID en el país, lo que supuso la supresión de más de US$ 1.700 millones en asistencia prevista.
Afganistán es actualmente el único país del mundo donde se prohíbe a las niñas continuar su educación más allá del sexto grado. Esta prohibición lleva vigente tanto tiempo que toda una generación de niñas ha atravesado la adolescencia sin haber pisado jamás un aula de educación secundaria.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estima que actualmente 2,4 millones de niñas están excluidas de la escuela.
Asimismo, se ha prohibido a las mujeres acceder a la mayoría de los empleos, se les ha ordenado cubrirse el rostro en público y se les ha impedido viajar largas distancias sin un acompañante masculino.
ONU Mujeres informa que la mitad de las mujeres afganas ahora solo salen de casa una o dos veces al mes, en un aislamiento que está provocando una crisis de salud mental. Siete de cada diez mujeres describen su salud mental como “mala” o “muy mala”, señaló la organización.
Mahbouba Seraj, una de las pocas activistas afganas que permaneció en Kabul tras el regreso de los talibanes al poder, declaró el jueves a CNN que estaba considerando abandonar el país debido al rápido deterioro de la situación de las mujeres.
“No puedo seguir trabajando de esta manera porque no he podido ayudar a ninguna de las mujeres afganas que me necesitaban. No he podido hacerlo porque nadie me lo permite. Y a las mujeres… se les han arrebatado todos sus derechos. Y si alguien dice algo al respecto, se considera que estamos equivocadas. Se supone que no debemos decirlo, pero esto es exactamente lo que ha sucedido”, afirmó Seraj.
Mientras tanto, la violencia contra las mujeres ha sido, en la práctica, avalada por la ley. En marzo, los talibanes emitieron un decreto que permite a los hombres golpear a sus esposas, siempre y cuando no les rompan huesos ni les causen heridas visibles y duraderas.
Otro decreto dificulta considerablemente que las mujeres puedan disolver su matrimonio y elimina la edad mínima legal para contraerlo, que estaba fijada en los 16 años. Expertos en derechos humanos de Amnistía Internacional y del Comité de los Derechos del Niño de la ONU advierten que dicho decreto legitima el matrimonio infantil, una práctica que ha aumentado constantemente desde que los talibanes retomaron el poder.
Esa represión se desarrolla paralelamente a los drásticos recortes de ayuda. La financiación humanitaria total para Afganistán ha caído casi un 70 % desde 2022.
ONU Mujeres estima que más de 10,7 millones de mujeres y niñas afganas dependen de la ayuda humanitaria. Más de la mitad de las organizaciones dirigidas por mujeres encuestadas recientemente por la ONU prevén cerrar o suspender sus operaciones en el próximo año debido a los recortes. Una organización que trabaja en el norte de Afganistán, y que pidió mantener el anonimato, declaró a CNN que actualmente opera a “escala limitada” y que su capacidad para seguir funcionando corre un “grave riesgo”.
Los niños pagan las consecuencias junto a sus madres.
Uno de cada diez niños afganos padece desnutrición aguda, según un informe publicado esta semana por la organización benéfica Save the Children. La emaciación —la forma de desnutrición aguda que más amenaza la vida— va en aumento. Se prevé que más de once millones de niños necesiten asistencia humanitaria este año, según UNICEF, pero cerca de 600 centros sanitarios han cerrado debido a los recortes.
En un distrito de difícil acceso en el norte de Afganistán, Save the Children es el único proveedor de servicios de salud para 10.000 personas.
La intervención humanitaria por sí sola no basta para mejorar esta situación crítica. La economía de Afganistán ofrece poca ayuda a las mujeres y a las familias.
La mayoría de los afganos sobreviven gracias al comercio informal mientras intentan desenvolverse en medio de la reducción de servicios y las restricciones cada vez más severas sobre la capacidad de las mujeres para trabajar.
Durante los años de ocupación por parte de las fuerzas estadounidenses y aliadas, una gran parte de los hogares rurales dependía del opio para obtener ingresos, a pesar de que Washington gastó casi US$ 9.000 millones a lo largo de dos décadas en una política antinarcóticos que paradójicamente contribuyó a llenar los bolsillos de los talibanes, afianzó su economía basada en las drogas y, en algunas regiones, alimentó el apoyo a los insurgentes. Dicha campaña ha sido calificada sistemáticamente como un fracaso.
Este es un ámbito en el que la gestión de los talibanes puede parecer exitosa. Desde que se prohibió el cultivo de amapola en 2022, la producción de opio ha caído cerca de un 95 %, lo que la UNODC y otros expertos califican como una de las disminuciones más drásticas en la producción de drogas ilícitas de la historia moderna. Sin embargo, la prohibición eliminó un cultivo que generaba una gran parte de los ingresos rurales sin ofrecer medios de vida alternativos reales y, en algunos casos, mediante el uso de la fuerza. Ahora, la ONU advierte sobre un nuevo problema que está ocupando ese vacío: el tráfico y la producción de drogas sintéticas como las metanfetaminas.
Antes de 2021, la ayuda extranjera financiaba aproximadamente tres cuartas partes del gasto público. Ese dinero ha desaparecido en gran medida y miles de millones en reservas del banco central permanecen congelados por Estados Unidos y sus aliados debido al historial de derechos humanos de los talibanes. Desbloquear estos activos es una de las principales bazas de negociación en las conversaciones con los gobiernos occidentales, siendo la prohibición de la educación femenina un punto de discordia clave: lo que significa que el mismo dinero que alguna vez financió dicha educación ahora se retiene en un intento por restablecerla.
Nada de esto ha modificado los cálculos de los talibanes respecto a las mujeres ni su interacción con el mundo exterior. En 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. retiró las recompensas multimillonarias que ofrecía por varios líderes talibanes clave que habían asumido cargos de alto nivel en el gobierno afgano.
Si bien el Afganistán bajo control talibán no se ha convertido en el refugio terrorista que muchos temían en 2021, ni ha colapsado como algunos analistas predijeron inicialmente, la debilidad institucional y la creciente pobreza han dejado focos de anarquía donde grupos como ISIS-K y Al Qaeda permanecen activos.
Y aunque ningún país ha normalizado plenamente las relaciones con los talibanes, Rusia reconoció formalmente su gobierno el año pasado. China, que nombró un embajador ante el gobierno talibán en diciembre de 2023, ha estrechado sus vínculos económicos, convirtiéndose las empresas chinas en actores clave en la extracción de petróleo, cobre y litio en Afganistán.
Cinco años después, las promesas que alguna vez buscaron justificar dos décadas de intervención estadounidense no solo han quedado incumplidas, sino que han sido activamente revertidas.
“¿Crees que alguien creerá en Estados Unidos o confiará en nosotros la próxima vez que necesitemos aliados para luchar —ya sea en Ucrania, Irán o donde sea— después de la forma en que tratamos a los afganos?”, dijo Sopko.
Mientras tanto, el hambre, las enfermedades prevenibles y la violencia institucionalizada marcan la vida cotidiana de millones de personas.
