La Fiscalía española dio un giro en el caso del cantante Julio Iglesias al considerar que la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar una querella presentada por dos exempleadas que lo acusan de presuntos delitos sexuales y laborales.
La decisión reabre un proceso que había sido archivado en enero de 2026 por cuestiones de jurisdicción.
El pronunciamiento no significa que el artista haya sido declarado culpable ni que la investigación judicial esté formalmente abierta. Ahora corresponde al juez Antonio Piña determinar si procede iniciar las diligencias contra el intérprete de éxitos internacionales como «Me olvidé de vivir» y «Hey».
¿De qué acusan a Julio Iglesias?
La querella fue presentada en septiembre de 2026 por dos antiguas trabajadoras del cantante, con el respaldo de la organización Women’s Link Worldwide. Los hechos denunciados presuntamente ocurrieron en 2021, en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.
Las denunciantes, una exempleada del hogar y una fisioterapeuta, relataron presuntas agresiones sexuales, maltrato, vejaciones y condiciones laborales abusivas durante el tiempo que trabajaron para Iglesias.
La acción legal contempla posibles delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual, lesiones y vulneraciones de los derechos laborales. Las acusaciones forman parte de una querella y deberán ser examinadas por las autoridades judiciales.
¿Por qué cambió de postura la Fiscalía española?
En enero de este año, el Ministerio Público archivó la denuncia inicial al considerar que no existían suficientes vínculos territoriales o personales con España para que sus tribunales investigaran los hechos, ocurridos en el Caribe.
Sin embargo, las exempleadas acudieron directamente a la Audiencia Nacional en septiembre. El juez solicitó entonces un informe a la Fiscalía para determinar si el tribunal podía asumir el caso. El fiscal Vicente González Mota respondió que sí, con el respaldo de la fiscal especializada en trata de personas y extranjería.
El siguiente paso depende de la decisión del magistrado Antonio Piña, quien deberá evaluar la competencia de la Audiencia Nacional y determinar si abre una investigación judicial.
Mientras tanto, Julio Iglesias ha negado las acusaciones. Por ahora, el cambio de criterio de la Fiscalía representa un avance procesal para las denunciantes, pero no constituye una condena ni confirma judicialmente los hechos denunciados.
