El procurador general de Anguila en el Reino Unido, John McKendrick, afirmó ayer que pueden ser penalizadas por la ley británica las empresas dominicanas con vínculos comerciales con empresas o inversionistas de su país que no prevengan o participen en actos de soborno o corrupción.
Indicó que la Ley Anticorrupción que se aprobó en Gran Bretaña en el 2010 considera como un delito “el fracaso en prevenir el soborno”, por lo que cualquier empresa asociada con una británica que permita el soborno puede ser enjuiciada en las cortes británicas, ya que las mismas tendrían jurisdicción en esta situación.
“Es un delito que va contra la empresa, no contra personas naturales, pero si una persona asociada con la empresa soborna o intenta sobornar a otra persona, empresa o funcionario público, y la empresa no ha tomado políticas adecuadas para prevenir el soborno en la empresa, esto sería un delito”, indicó y afirmó que las autoridades de su país tienen jurisdicción para actuar en cualquier país.
El fiscal general de Anguila refirió esto al ofrecer un conversatorio sobre “La Transparencia como generadora de Productividad: qué podemos aprender de la experiencia británica”, durante el Almuerzo de la Cámara Británica de Comercio.
El jurista enfocó su presentación en mostrar la necesidad de garantizar el respeto al estado de derecho y la transparencia como formas de combatir los delitos financieros, como el lavado de activo y la corrupción.
John McKendrick indicó que el volumen del lavado de dinero equivale a la quinta economía a nivel mundial, moviendo miles de millones de dólares cada año en base a crímenes y delitos como el tráfico de personas, violencia, drogas, corrupción, entre otros.
Dijo que en Londres casi US$100 billones provienen del lavado de dinero en el sector inmobiliario en un año, y apuntó que esto es un problema grave para los países desarrollados y subdesarrollados.
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HACER RESPETAR EL ESTADO DE DERECHO
El experto jurista sentenció que solo cuando se garantiza el respeto al estado de derecho y el acceso a la información pública se pueden combatir con efectividad los males asociados a la corrupción y los delitos financieros. “No se puede tener éxito en la reducción de los delitos financieros si no existe un Estado fuerte que aplique la ley sin importar el cargo, ni la posición de quien la infringe”, expuso el procurador. Aseguró que existe un vínculo fuerte entre el estado de derecho y la falta de crecimiento económico.
Vía : listindiario.com
